Dr. Diego Palomo. Abogado y académico de la Universidad de Talca.
Desde hace años se discute, con más o menos intensidad, sobre la crisis del sistema judicial, caracterizada por la desconfianza de la ciudadanía, la ineficacia y la percepción de corrupción. Esta situación ha alcanzado su punto más crítico a raíz del caso mediático que involucra al abogado Hermosilla.
Este contexto requiere un enfoque renovador, más allá de las reformas legales necesarias, que eviten que la tramitación se vea afectada por compromisos que demuestren que nadie está dispuesto a renunciar a su influencia, especialmente en el sistema de nombramientos. Si no se aborda este riesgo, las reformas serán meras modificaciones sin impacto real.
La idea de “higiene” mencionada en el título se refiere a la limpieza de las prácticas judiciales, eliminando problemas como la falta de independencia, la burocracia excesiva y la opacidad, que han alejado a la ciudadanía del respeto hacia las instituciones. La higiene no solo implica una limpieza ética, fundamental para salir de la crisis, sino también claridad en los procesos, garantizando que sean accesibles y comprensibles para todos.
Los ritos judiciales, a menudo criticados, son procedimientos y símbolos que otorgan legitimidad al sistema. Es esencial revisar estos ritos para asegurar que no sean meros formalismos vacíos, sino que fortalezcan la confianza en la justicia, actualmente muy afectada. Por ejemplo, la solemnidad de un juicio debe transmitir seriedad, no intimidación; además, los juicios deberían ser más breves, pero sin sacrificar la calidad de las decisiones judiciales. La justicia requiere tiempo y no hay soluciones instantáneas; la rutina en la función jurisdiccional ha comprometido aspectos cruciales como la debida motivación de las resoluciones judiciales.
La justicia solo puede ser lograda si la higiene y los ritos están alineados con los principios de independencia, imparcialidad, publicidad y accesibilidad. Para superar esta crisis, es fundamental implementar medidas concretas: controles independientes para identificar irregularidades, capacitación continua para jueces y funcionarios, y mecanismos efectivos de fiscalización. La justicia también debe ser inclusiva, tomando en cuenta las necesidades de grupos vulnerables y marginados, para no perpetuar desigualdades.
En conclusión, la crisis del sistema judicial puede ser superada a través de una “higiene” que limpie sus estructuras, ritos que refuercen su legitimidad y una búsqueda constante de la justicia como valor fundamental. De esta manera, se podrá restaurar la confianza y construir un sistema judicial que ocupe su lugar entre las instituciones más valoradas y respetadas en un Estado democrático de Derecho.
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