La madrugada del martes 16 de diciembre, la Fiscalía Regional Occidente, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo un operativo en siete regiones del país que involucró a más de 500 efectivos policiales.
Este operativo, respaldado por un equipo de Gendarmería, tenía como finalidad desmantelar una red de corrupción que operaba principalmente en Santiago 1, con ramificaciones en otros centros penitenciarios del país.
Las acciones incluyeron 78 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a gendarmes que principalmente desempeñan funciones en el penal Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín.
Las órdenes restantes se emitieron contra individuos (algunos de ellos extranjeros) que coordinaban con gendarmes un negocio ilícito para la entrada y venta de elementos prohibidos dentro de los recintos penitenciarios.
Aunque la mayoría de las detenciones se realizaron en la región Metropolitana, el operativo también se extendió a las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
La investigación comenzó en mayo de 2025 como parte del programa denominado Foco Penitenciario, que la Fiscalía lidera en la región Metropolitana desde 2024.
Dirigida por el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, y un equipo especializado en estos temas, se logró evidenciar la existencia de varias agrupaciones criminales relacionadas con delitos de corrupción y crimen organizado en las cárceles de la región Metropolitana, abarcando el período 2022-2025.
Se estableció que en el CDP Santiago Uno y en el CPF Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que utilizan sobornos a funcionarios públicos (gendarmes) para introducir elementos prohibidos.
Además, se detectó el ingreso irregular de personas ajenas al establecimiento, haciéndose pasar por visitas autorizadas, todo sin seguir los procedimientos legales correspondientes.
La investigación reveló que en los alrededores de estos recintos penitenciarios operan al menos siete agrupaciones criminales, conocidas como «Manillas», cuyos miembros son llamados «Manilleros», muchas de las cuales están compuestas por ciudadanos extranjeros.
Estas bandas, en colusión con gendarmes, introducen diversos artículos prohibidos a cambio de pagos a los funcionarios, ya sea mediante dinero en efectivo, bienes o transferencias de fondos. Los montos varían según el tipo de artículo ingresado, oscilando entre $10.000 y $400.000.
Los gendarmes involucrados utilizan estos fondos para beneficio personal o de terceros, encubriendo el origen ilícito de los mismos mediante la compra de vehículos e inmuebles y empleando testaferros (parejas o familiares) para disimular su procedencia.
El operativo culminó con la detención de 66 personas, de las cuales 44 son funcionarios de Gendarmería. Además, se incautaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
