El modus operandi de los criminales se centraba en un negocio ilícito de ingreso y venta de elementos prohibidos dentro de varios recintos penales del país. Esta acción era coordinada por particulares, muchos de ellos extranjeros.
El megaoperativo que la fiscalía de Occidente realizó en colaboración con la PDI se denominó “Operación Apocalipsis”, y tenía como objetivo desarticular una red de corrupción en Santiago 1.
Se llevaron a cabo procedimientos simultáneos en siete regiones, con la participación de 500 efectivos policiales, resultando en la detención de 66 personas, de las cuales 44 eran gendarmes.
Según la información proporcionada por la Fiscalía, los funcionarios detenidos desempeñaban funciones principalmente en el penal Santiago 1 y en el CPF de San Joaquín.
El enfoque de los criminales estaba en un negocio ilícito de ingreso y venta de materiales prohibidos en distintos recintos penales del país, coordinado por particulares, entre los que había varios extranjeros.
Aunque la mayoría de las detenciones ocurrieron en la Región Metropolitana, el operativo también incluyó acciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
La investigación comenzó en mayo de 2025 y fue liderada por el Fiscal Regional Metropolitano de Occidente, Marcos Pastén, junto a un equipo especializado que incluía dos Fiscales Adjuntos, un abogado asesor y dos analistas. Se logró establecer la existencia de diversas agrupaciones criminales involucradas en delitos de corrupción y crimen organizado en los recintos penitenciarios de la Región Metropolitana, abarcando los años 2022 a 2025.
Además de los presuntos delitos de corrupción y cohecho en Gendarmería, el Ministerio Público evidenció el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento penitenciario, que se hacían pasar por visitas debidamente registradas, eludiendo los requisitos legales y reglamentarios.
Las Manillas
La investigación reveló la existencia de siete agrupaciones criminales que operaban fuera de los recintos penitenciarios, conocidas como “manillas”, varias de las cuales estaban integradas por extranjeros.
Estas bandas, en colusión con gendarmes, enviaban diversos artículos al interior de las cárceles, para lo que pagaban a los funcionarios con dinero, bienes o transferencias. Las cantidades variaban según el tipo de elemento prohibido, oscilando entre $10,000 y $400,000.
Los gendarmes involucrados en estas agrupaciones utilizan esos fondos para beneficio propio o de terceros, disfrazando el origen ilícito mediante la adquisición de vehículos e inmuebles, y utilizando testaferros (parejas o familiares) para ocultar el origen del dinero.
El operativo culminó con la detención de 66 personas, 44 de las cuales son funcionarios de Gendarmería, y la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
