La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes al caso de Bernarda Vera, la mujer que aparecía como detenida desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet y que recientemente fue encontrada con vida en Argentina. La ministra destacó que se trata de un caso excepcional y defendió el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, asegurando que no hay otros errores similares en el listado oficial de víctimas.
“Este es el único caso confirmado en el que una persona registrada como detenida desaparecida ha sido encontrada con vida”, afirmó Vallejo.
“El Estado ya no puede dar la espalda”
La vocera enfatizó que el Plan Nacional de Búsqueda es una política de Estado impulsada por el Presidente para asumir de manera proactiva y profesional la tarea que, durante décadas, recayó exclusivamente en los familiares de las víctimas.
“Que la búsqueda de los detenidos desaparecidos no sea una acción privada, sino un deber del Estado, es un cambio histórico. El hallazgo de Vera es parte de ese esfuerzo institucional”, agregó.
Vallejo también destacó que el trabajo técnico permitió identificar a Vera y detectar otro caso que no estaba en el listado original de detenidos desaparecidos, aunque no entregó más detalles al respecto.
Respaldo a Cordero y críticas a la oposición
Ante las solicitudes de renuncia dirigidas al exministro de Justicia y actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, Vallejo fue clara:
“El Presidente evalúa a sus ministros, no la oposición, menos en un contexto electoral donde cada crítica parece venir con una solicitud de renuncia”.
Además, hizo un llamado a la prudencia, especialmente en relación a la pensión que recibe la hija de Vera, señalando que el caso sigue en evaluación por parte del Plan Nacional de Búsqueda.
Cordero: “Se actuó con extremo cuidado”
Por su parte, el ministro Luis Cordero defendió la actuación del Gobierno y aclaró que fue en mayo de 2024 cuando se recibieron los primeros antecedentes que pusieron en duda la desaparición de Bernarda Vera. Esta información surgió gracias al trabajo de la periodista e investigadora Pascale Bonnefoy.
A partir de esos indicios, se enviaron oficios reservados a instituciones como la PDI, Acnur y la Cancillería. Según Cordero, en enero de 2025 se informó a la hija de Vera antes de que el Estado sueco confirmara oficialmente su residencia en mayo de 2025.
“Sería redundar en el dolor insistir públicamente sobre un hecho de estas características. Hay que resguardar la verdad, pero también el sufrimiento de los familiares”, subrayó el ministro.
Cordero insistió en que la familia de Vera actuó de buena fe y con total desconocimiento de los hechos. También defendió el rol de la actual coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda, Magdalena Garcés, descartando cualquier cambio en su cargo.
¿Podría repetirse un caso similar?
El ministro reconoció que existen errores históricos de calificación de víctimas, pero descartó la posibilidad de que el Gobierno modifique administrativamente el listado del Informe Rettig.
“Hoy no es posible retirar administrativamente a víctimas del listado. Lo que sí sabemos es que hay muchas víctimas no calificadas, y otras cuyas trayectorias han revelado errores que deben ser tratados con rigor técnico y judicial”, explicó.
Un caso que reabre el debate
El caso de Bernarda Vera ha abierto un intenso debate público y político. Mientras desde el oficialismo se insiste en que es un hecho excepcional que refuerza el valor del Plan Nacional de Búsqueda, desde la oposición se pide transparencia total y se cuestiona la oportunidad en la entrega de información.
La investigación judicial abierta por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre será clave para determinar si el Estado actuó con la debida diligencia y si hubo errores u omisiones en la gestión de este emblemático caso.
Con Información de radioportales.cl
