El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, afirmó que posee información sobre planes destinados a alterar la paz. Esta declaración se hizo a pocas horas de la juramentación ilegítima del chavista, en medio de un ambiente de tensión.
La dictadura de Nicolás Maduro ha decidido cerrar la frontera entre Venezuela y Colombia ante la incertidumbre generada por la juramentación presidencial que tendrá lugar este viernes 10 de enero. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, justificó esta medida con la alegación de una supuesta “conspiración internacional”.
“Contamos con información sobre una conspiración internacional destinada a perturbar la paz de los venezolanos”, afirmó Bernal.
Este cierre temporal, que se extenderá hasta el lunes 13 de enero, tendrá un grave impacto en ganaderos, empresarios y ciudadanos que dependen del paso fronterizo para sus actividades diarias.
Un coronel expresó que si las fuerzas militares venezolanas no defienden la Constitución, se convertirán en paramilitares con la juramentación de Maduro.
Además, el régimen chavista ha suspendido todos los vuelos entre Colombia y Venezuela desde este viernes hasta el lunes 13 de enero.
Un contexto de creciente tensión política
Venezuela enfrenta una de las jornadas más críticas de su historia reciente. Nicolás Maduro intentará usurpar el poder al asumir un tercer mandato como presidente ilegítimo en un acto respaldado por instituciones serviles a su régimen, mientras Edmundo González Urrutia, reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el mandatario electo, promete regresar al país tras su gira por América con la intención de asumir formalmente el liderazgo del Ejecutivo.
Durante seis meses, la comunidad internacional, especialmente el gobierno de Colombia, ha instado al régimen de Maduro a presentar las actas electorales que respalden su supuesta victoria en los comicios del 28 de julio. Debido a la ausencia de pruebas, la juramentación es percibida como una reafirmación de un proceso electoral manipulado por la dictadura, que ha alegado ser víctima de un “hackeo masivo” a los servidores del Consejo Nacional Electoral (CNE) proveniente de Macedonia del Norte.
No obstante, en los días previos a la toma de posesión presidencial, la dictadura ha intensificado la desaparición de un número significativo de activistas de derechos humanos, políticos y ciudadanos. Uno de los casos más destacados es el secuestro y posterior liberación de la líder de la oposición, María Corina Machado, quien fue capturada violentamente por el régimen tras una manifestación en Caracas, después de haber permanecido en la clandestinidad durante meses para proteger su seguridad.
El acto de juramentación está programado para el mediodía (16H00 GMT) en la sede del Parlamento.
Ante esta situación, el Gobierno colombiano, a través de su Cancillería, se pronunció sobre las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, especialmente tras el secuestro de la líder opositora María Corina Machado el 9 de enero.
«No se llevaron a cabo elecciones libres. Sin actas públicas y transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela. Como dijo el presidente Petro, no asistirá al acto de toma de posesión», afirmó el canciller Luis Gilberto Murillo – crédito Cancillería de Colombia.
En un comunicado oficial, el Gobierno colombiano pidió al régimen de Nicolás Maduro que garantice los derechos fundamentales y el respeto a la oposición política en el país vecino.
“El Gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación y rechazo ante el aumento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que se están registrando en Venezuela a la víspera del 10 de enero”, indicó la Cancillería, citando informes recientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que documentan dichos crímenes.
“Las detenciones de Carlos Correa, Enrique Márquez y el acoso sistemático a líderes opositores, incluida María Corina Machado, llevan al Gobierno colombiano a reiterar su llamado a las autoridades venezolanas para que se respeten plenamente sus derechos”, destacó la Cancillería.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno colombiano instó a las autoridades venezolanas a proporcionar garantías civiles y políticas: “(…) para que en todo momento y circunstancia se brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y la movilización social, esenciales en cualquier democracia”.
El presidente Petro declaró que, dada la violencia del régimen venezolano, no asistirá a la investidura presidencial y subrayó que no se puede considerar libre la elección celebrada en julio en Venezuela.
El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela sucede en un contexto de tensiones persistentes entre ambos países, caracterizado por acusaciones mutuas y recientes denuncias sobre actividades delictivas en la zona limítrofe. Bernal destacó cómo el estado Táchira ha estado supuestamente “asediado durante años por bandas paramilitares colombianas” y cómo estas amenazas impactan directamente en las decisiones del régimen de Maduro.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
