En el contexto de las difíciles negociaciones sobre la reforma de pensiones, el Gobierno ha decidido presentar nuevas propuestas destinadas a desbloquear el debate legislativo y facilitar acuerdos significativos en esta área. Estas iniciativas incluyen cambios estructurales que buscan mejorar las pensiones tanto de los trabajadores actuales como de los futuros, y reformar la regulación del sector de fondos de pensiones.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó la relevancia del trabajo técnico y político que ha respaldado estas propuestas, enfatizando que estas acciones son parte de uno de los objetivos principales del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: garantizar pensiones dignas y abordar las desigualdades arraigadas en el sistema previsional chileno.
Reestructuración del sector de fondos de pensiones
El Gobierno ha presentado un conjunto de medidas orientadas a diversificar y ampliar la gama de operadores en el sistema de fondos de pensiones, con el fin de aumentar la competitividad y reducir costos para los afiliados. Los aspectos más relevantes son:
- Apertura del mercado a nuevos inversores: Se permitirá la inclusión de personas naturales y jurídicas, incluidas Administradoras Generales de Fondos (AGF) no vinculadas a bancos y cajas de compensación, siempre con la autorización de la Superintendencia de Pensiones.
- Separación empresarial estricta: Las administradoras no podrán formar parte del mismo grupo empresarial ni invertir en activos relacionados con sus matrices.
- Licitación de afiliados: Cada dos años se realizará una licitación del 10% de los afiliados actuales para fomentar la competencia y reducir las comisiones. Los oferentes con las comisiones más bajas serán responsables de gestionar estos fondos durante un periodo de cinco años.
Sistema de cotización reformado
En la actualidad, los trabajadores aportan el 10% de sus ingresos al sistema previsional, mientras que los empleadores contribuyen con un 1,5% destinado al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Según la nueva propuesta, se añadirá una cotización adicional del 7% por parte de los empleadores, elevando así el aporte total a un 8,5%.
Este nuevo porcentaje tendrá tres destinos principales:
- 2,5% para el SIS: Incluye un 1% adicional para compensar las diferencias en la expectativa de vida entre hombres y mujeres.
- 1,5% para un Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida: Un beneficio que permitirá a los trabajadores aumentar sus pensiones al momento de su retiro.
- 4,5% para cuentas de ahorro individual: Destinado a mejorar las pensiones futuras.
La implementación de este nuevo esquema será gradual, con un periodo de ocho años para minimizar el impacto en pequeñas y medianas empresas.
Transformación del esquema de fondos y pensiones
Entre los cambios propuestos se encuentra la sustitución del sistema actual de multifondos por un modelo de Fondos Generacionales, que ajustará las estrategias de inversión en función de la etapa de vida de los afiliados. Además, las comisiones que se cobren a los trabajadores estarán ligadas al rendimiento de los fondos, promoviendo una gestión eficiente y responsable por parte de las administradoras.
Ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU)
Se prevé un aumento gradual de la PGU hasta alcanzar los 250.000 pesos mensuales, ampliando su cobertura a beneficiarios de leyes reparatorias como Rettig, Valech y exonerados políticos. Este incremento se aplicará de la siguiente manera:
- En los primeros seis meses, se aplicará a personas de 82 años o más.
- A los 12 meses, beneficiará a mayores de 75 años.
- A los 24 meses, alcanzará a todos los mayores de 65 años.
La reforma también propone que el Consejo Consultivo Previsional evalúe periódicamente el monto de la PGU, garantizando su sostenibilidad y ajuste a las necesidades de la población.
Nueva institucionalidad y gobernanza
Para asegurar la transparencia y eficacia en la gestión del nuevo sistema, se creará un Fondo de Seguro Social con una gobernanza técnica independiente del Gobierno. Este organismo tendrá un directorio designado por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, y deberá contratar la gestión de inversiones a operadores privados calificados.
Con estas propuestas, el Ejecutivo aspira a avanzar hacia un sistema previsional más justo y sostenible, abordando los desafíos históricos que han afectado al actual modelo de pensiones en Chile.
Con Información de hoysantiago.cl
