La diputada Ana María Gazmuri, en conjunto con Confedeprus, está impulsando un proyecto para arreglar los problemas en la implementación de la Ley Karin.
Casi un año después de que entrara en vigencia la Ley Karin, la diputada Ana María Gazmuri, junto a las dirigentas de la Confederación de Profesionales de la Salud (Confedeprus).
Presentó un proyecto de ley que busca fortalecer su aplicación en el sector público, enfocándose en las víctimas de acoso laboral y sexual.
La iniciativa pretende corregir los problemas que hoy dificultan el cumplimiento real de la Ley N.º 21.643 en organismos públicos y municipios.
Entre los principales obstáculos, se encuentran la falta de fiscales especializados, la carencia de protocolos estandarizados, la lentitud en las investigaciones y la escasez de apoyo médico y psicológico para las víctimas.
“Sabemos que la Ley Karin fue un avance histórico en materia de derechos laborales. Costó mucho sacarla adelante y representa una lucha colectiva liderada por muchas mujeres y trabajadores. Pero hoy vemos una violencia más extendida e invisibilizada de lo que imaginamos, y un Estado que, por omisión, sigue siendo cómplice”, afirmó la diputada Gazmuri.
La parlamentaria subrayó que este nuevo proyecto busca asegurar que las denuncias se tramiten de manera seria y rápida, garantizando un respaldo institucional real para quienes sufren acoso. “El objetivo es que nadie quede desprotegido. El Estado tiene que dejar de mirar hacia el lado”, agregó.
Aspectos clave del proyecto de ley
La propuesta legislativa incluye modificaciones al Código del Trabajo, al Estatuto Administrativo y a diversas leyes que regulan la administración pública. Entre sus medidas principales, se encuentran:
Designación de fiscales ad hoc para investigaciones en los servicios públicos.
Reconocimiento del tiempo con licencia médica como trabajado efectivamente.
Entrega obligatoria de atención médica y psicológica a las víctimas.
Participación obligatoria de gremios y asociaciones de funcionarios en la creación de protocolos internos.
Posibilidad de establecer oficinas para la protección de derechos laborales fundamentales.
Apoyo desde el sector salud
Desde la Confedeprus, Emilia Iturriaga, encargada de la Unidad de Género y Diversidad, destacó el avance legislativo y recalcó la importancia de fortalecer la implementación de la Ley Karin:
“Hoy somos el segundo sector más afectado por el acoso laboral y sexual. Este proyecto recoge nuestras demandas y promueve una participación activa de los gremios, que debe ser obligatoria. No podemos seguir viendo casos sin respuesta ni apoyo institucional”.
Iturriaga también insistió en la necesidad de reinstaurar la inhabilidad por cinco años para funcionarios destituidos por acoso o agresión sexual, así como la creación de oficinas de seguimiento que protejan derechos laborales a todos los niveles del Estado.
“Las y los trabajadores públicos también enfrentamos violencia externa. Pedimos que esta lucha se visibilice, porque somos miles quienes cada día cumplimos con compromiso una labor clave para el país”, concluyó.
Con este nuevo impulso, la Ley Karin podría convertirse en una herramienta concreta para erradicar el acoso en el sector público y garantizar justicia, acompañamiento y reparación efectiva a las víctimas.
Con Información de portalmetropolitano.cl
