La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su informe en relación a la licitación de transición del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso, solicitado por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV).
El documento elaborado por la División Antimonopolios de la FNE sugiere una serie de medidas estructurales para reducir riesgos asociados a una integración horizontal y vertical, teniendo en cuenta la naturaleza temporal y de corto plazo de esta licitación, así como el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir e identificar conductas anticompetitivas.
Adicionalmente, se destaca que, dado el carácter estratégico del Terminal N°2 para la carga no contenedorizada y ciertos importadores y exportadores especializados, es crucial mitigar los riesgos de concentración.
“El modelo de adjudicación propuesto por la EPV (‘dos cajas’) representa una excepción al principio general de prohibición de integración horizontal, que debe ser respetado como criterio principal en las licitaciones portuarias”, subrayaron.
El Terminal N°2 es fundamental para el sistema portuario de la región, ya que concentra más del 80% de la carga fraccionada que se maneja en Valparaíso.
Además, es el principal punto de transferencia de productos de acero y fierro, que constituyen más del 75% de su carga anual, y juega un papel importante en la atención de cruceros y las exportaciones hortofrutícolas.
El informe de la FNE también menciona que, durante la temporada alta de turismo y exportaciones, el sistema portuario regional puede experimentar congestiones, lo que resalta la necesidad de que el Terminal N°2 opere bajo condiciones de acceso abierto y no discriminatorio.
En cuanto a la integración vertical, la FNE indicó que “es preferible adoptar un estándar más estricto, en relación a la capacidad de control e influencia significativa sobre la concesionaria”.
No obstante, reconocen que, debido a la naturaleza temporal de la concesión, es razonable mantener el umbral de participación del 60% establecido en las bases de licitación, siempre que la EPV justifique adecuadamente su aplicación, especialmente en relación a la carga fraccionada, “para la cual existen pocas alternativas competitivas”.
El informe detalla que las recomendaciones formuladas al TDLC “tienen como objetivo garantizar condiciones equitativas de acceso al terminal y preservar la libre competencia en un sector portuario vital para la economía regional”.
- Revisar la definición de “incumbente”, para que se determine al inicio de la operación del nuevo concesionario.
- Fortalecer la fiscalización de EPV y exigir metodologías claras para verificar el cumplimiento del límite de integración vertical y las salvaguardias conductuales.
- Mejorar las bases de licitación (BALI), eliminando parámetros vagos y clarificando los criterios de adjudicación, incluyendo el Índice Tarifario.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
