- Actualmente se han identificado doce presuntas víctimas, y los montos involucrados superan los $170 millones, según el abogado querellante. Los desarrolladores del proyecto alegan que han enfrentado problemas debido a «cambios en las reglas del juego» por parte del gobierno respecto a las parcelas de agrado en Chile.
Apoya el periodismo local e independiente con tu membresía en La Voz de Pucón.
“Era un paraíso. Así se veía en las fotos en internet”. En 2021, en plena pandemia, Jorge Tabja (58), decidió invertir en bienes raíces, buscando un refugio seguro para sus ahorros en tiempos de incertidumbre y ante la amenaza de inflación tras los retiros del 10% de los fondos de pensiones. En su búsqueda, este periodista experto en marketing estratégico halló el proyecto “Hacienda Menetúe” como su opción ideal. Por eso, decidió invertir en dos terrenos que ofrecían vistas espectaculares de los volcanes Lanín, Moche y Villarrica, además de estar cerca de la laguna Menetúe, un verdadero paraíso sureño (fotografía referencial).
Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, y cinco años después de esa inversión, Tabja parece distante de recuperar lo prometido. Finalmente, decidió interponer una querella por estafa contra quienes le ofrecieron la “gran oportunidad” de invertir en “algo seguro”. No es el único afectado; hasta ahora, un total de doce víctimas reclaman que no recibieron lo prometido, y la suma total de las inversiones, según el abogado Juan Carlos Pascual, que los representa, supera los $170 millones.
En la querella pública presentada en el Poder Judicial, se detallan los hechos que constituyen el delito. “En diversas fechas de 2021, cada uno de mis representados firmó contratos de promesa de compraventa con la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Menetúe SpA, legalmente representada por Máximo Gerardo Feest Rivano, Rosmarie y Mónica Pinninghoff Álvarez, respecto al proyecto ‘Hacienda Menetúe’, situado en la comuna de Pucón, con parcelas de 5.000 metros cuadrados o más”, se menciona en la querella.
Se especifica en el texto el proceso de venta: se trataba de un terreno de más de 230 hectáreas en Menetúe (donde antes existía un criadero de ciervos) y la intención de los inversionistas era subdividirlo en más de 300 parcelas que luego serían comercializadas. Todas las víctimas confiaron en que recibirían terrenos urbanizados y con caminos.
“Se estipuló que el desarrollo rural de subdivisión tendría un plazo de ejecución de 36 meses a partir de la firma de cada contrato. Es decir, el plazo expiró tres años después del primer contrato, fechado el 17 de marzo de 2021”, se detalla en el documento presentado al Juzgado de Garantía de Pucón. Se agrega: “Podemos afirmar responsablemente que, han pasado más de cuatro años desde la firma de los contratos, y lamentablemente no se ha cumplido ninguna de las condiciones pactadas, quedando todos los plazos vencidos, y hasta la fecha no se ha restituido a ninguno de mis representados el dinero que pagaron a la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Menetúe SpA.” La querella menciona posibles delitos de estafa, apropiación indebida e incluso asociación ilícita.
Abogado y opción penal
El abogado de las víctimas, Juan Carlos Pascual, señala que, en casos similares, suele buscarse acciones en la justicia civil para obtener indemnizaciones. Sin embargo, en esta ocasión, existen particularidades que hacen que la opción penal sea más plausible.
“Observando los contratos de promesa, se vende algo que, en el momento de la firma, no era de ellos. Lo que se hace a través del contrato es comprometerse a comprar esos bienes en nombre de la sociedad, pero no eran propietarios. Esto es permitido, por eso se llama contrato de promesa; te permite vender algo que aún no es tuyo, estableciendo ciertas condiciones”, explica Pascual. Agrega: “Y esas condiciones definitivamente no se cumplieron, tanto en la compra de los bienes como en el proceso de urbanización, subdivisión y firma de contratos de compraventa dentro de los plazos fijados por el vendedor.”
Para él, la evidencia de delitos es clara: “Se cometieron estafas, hubo engaño y apropiación indebida. Solo las doce personas que represento han sido despojadas de más de $170 millones.” La última información sobre este caso es que el tribunal ha establecido una medida cautelar sobre el terreno en Menetúe, lo que impide a los propietarios de las sociedades involucradas en el fallido proyecto realizar transacciones con la propiedad.
Habla el desarrollador
Gerardo Feest, uno de los querellados, ha respondido a las consultas de este medio. Aunque reconoce la situación en la que se encuentran, atribuye los problemas a decisiones políticas del gobierno del Presidente Gabriel Boric que alteraron, según afirma, las reglas del juego en cuanto al ordenamiento territorial, especialmente respecto al desarrollo de parcelas de agrado.
“Nuestra situación como grupo de inversión inmobiliaria ha sido extremadamente complicada, no solo por factores económicos, sino también por un cambio administrativo y político que ha impactado directamente el desarrollo de proyectos rurales en varias regiones, en particular en La Araucanía, donde tenemos dos proyectos significativos: Hacienda Menetúe y Altos de Huife”, explica el empresario.
Continúa: “Esta problemática no se debe a mala gestión ni falta de compromiso; al contrario, se origina en una decisión unilateral del Estado a mitad de 2022, mediante un decreto del Ministerio de Agricultura y el apoyo de MINVU, que alteró el criterio del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respecto a la certificación de predios rurales para subdivisión, sin cambiar la ley ni pasar por el Congreso, solo por decisión administrativa. Esto suspendió nuestros proyectos, dejándonos con campos adquiridos, compromisos con clientes y una gran incertidumbre.”
Sobre Hacienda Menetúe, afirma: “Compramos un terreno grande parcialmente financiado por clientes que confiaron en nuestro modelo de trabajo. El compromiso era claro: desarrollar el predio, subdividirlo legalmente, entregar parcelas con rol y avanzar con las obras. Aun así, hemos pasado cuatro años intentando certificar el campo. Hemos cumplido con todos los requisitos y procedimientos requeridos, pero el proceso ha sido muy lento y frustrante. Hasta ahora, hemos logrado certificar un cuarto del terreno, lo que nos ha permitido entregar cerca de 70 parcelas con rol a sus respectivos propietarios. Aunque es un avance, sabemos que no es suficiente y seguimos trabajando para avanzar con el resto del proyecto.
Por el momento, el caso se encuentra en el Juzgado de Garantía de Pucón, y la investigación es liderada por el fiscal jefe Jorge Calderara, quien ha encargado a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI la indagatoria. Este es el segundo caso de complicaciones judiciales relacionadas con la venta de parcelas conocido en los últimos seis meses. El anterior se refiere a un desarrollo en el sector de Los Nevados.
(Únete a nuestro canal de Whatsapp para recibir las noticias primero.)
Con Información de www.lavozdepucon.cl
