El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, resaltó la precariedad del control fronterizo en el norte del país y los peligros que podrían surgir si se llevan a cabo recortes presupuestarios al Ministerio Público.
En una entrevista con radio Pauta, el fiscal también destacó el refuerzo militar que Perú ha anunciado. Indicó que la oficina de fronteras ha estado operativa de manera continua durante más de dos años y ha sido fundamental para atender a niños y adolescentes que cruzan de manera irregular.
“La continuidad de esta infraestructura está en riesgo”, admitió, haciendo referencia a la escasez de recursos. Desde su inicio, esta unidad ha manejado 600 casos, recopilando huellas, fotografías y grabaciones de cada menor para prevenir la trata o el tráfico de migrantes, información también utilizada por el Tribunal de Familia.
En relación al flujo migratorio, mencionó que “no ha aumentado en comparación con la crisis de 2023”, pero subrayó que “incluso flujos reducidos deben ser abordados, ya que representan una vulneración del sistema de control fronterizo”.
Acerca de la decisión del Perú de intensificar la vigilancia, afirmó: “Si contamos con una frontera mejor custodiada, tanto por nuestra parte, donde hemos tenido al Ejército presente durante dos años, como por parte de Perú, me parece correcto. No veo inconveniente en ello”.
El fiscal enfatizó que “el reto consiste en establecer mecanismos legales y humanitarios para evitar repetir crisis como la de 2023”. También advirtió que “la frontera está en una calma tensa” y que factores externos, como la situación en Venezuela, podrían cambiar este panorama. “Si ocurre una invasión militar, es posible que más personas deseen salir de Venezuela”, anticipó, sugiriendo nuevas presiones migratorias.
Por último, subrayó la importancia de una planificación preventiva: “Debemos estar listos, como aprendimos en 2023”.
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