El programa de exención de visa para Chile ha vuelto a ser objeto de discusión en Estados Unidos. Esta vez, Todd Spitzer, fiscal del condado de Orange, ha renovado su pedido para cancelar este beneficio, argumentando que ha facilitado la entrada de bandas criminales chilenas responsables de robos millonarios en el país.
Las declaraciones de Spitzer han surgido tras la detención de siete ciudadanos chilenos acusados de formar parte de un grupo delictivo que operaba en varias ciudades de Estados Unidos, principalmente en California. Algunas de sus víctimas incluyen a reconocidos jugadores de la NFL, como Joe Burrow, Patrick Mahomes y Travis Kelce, pareja de la cantante Taylor Swift. Las autoridades estiman que las pérdidas derivadas de estos robos superarían el millón de dólares.
En una entrevista con Fox News, el fiscal subrayó que ha estado denunciando esta situación durante casi dos años sin recibir una respuesta efectiva. «El FBI, el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y el Departamento de Estado lo saben. Es el mayor secreto en Washington y parece que nadie quiere actuar», afirmó. También mencionó que, aunque el problema ha sido debatido en el Congreso, solo ha comenzado a recibir atención significativa tras verse afectadas figuras públicas.
Spitzer calificó este problema como «turismo delictual», asegurando que estas bandas han estado operando en Estados Unidos durante años. «No vienen a disfrutar de Disneyland o Disney World, vienen a robar en una de las naciones más ricas del mundo», advirtió.
En enero, el fiscal ya había expresado su preocupación en redes sociales, indicando que Chile «ha fallado constantemente en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre los antecedentes penales de sus ciudadanos», lo que permite a las organizaciones delictivas aprovechar el programa de exención de visa.
Aunque Spitzer apoya las políticas de deportación de la administración del presidente Donald Trump, criticó la falta de controles previos al ingreso de ciudadanos chilenos bajo este programa. «Estamos hablando de 350,000 chilenos al año que ingresan con un trámite en línea de 21 dólares, sin verificación de antecedentes. Es un abuso», concluyó.
Por último, el fiscal compartió su opinión en redes sociales, instando a las autoridades estadounidenses y al Gobierno de Chile a tomar medidas inmediatas. «No podemos continuar permitiendo que los estadounidenses sean aterrorizados en sus propios hogares», concluyó.
Con Información de hoysantiago.cl
