En Chile, únicamente una de cada tres personas en prisión preventiva recibe una condena a una pena privativa de libertad, lo que sugiere que esta medida se aplica de manera excesiva, según indicó Leonardo Moreno Holman, director de la Academia Nacional de Litigación.
En este contexto, el especialista añadió que “esta cifra demuestra una disociación total y nos lleva a preguntarnos como sociedad: ¿por qué privamos de libertad a alguien durante el proceso si, al final, no logramos condenarlo?”.
Por ello, enfatizó que “la gran lucha de quienes apoyan sistemas de enjuiciamiento penal democráticos es comunicar a la ciudadanía la importancia de la presunción de inocencia y por qué las medidas cautelares deben considerarse excepcionales. No estar encarcelado no implica que se genere impunidad o ineficacia en el sistema de justicia penal”.
Por su parte, Raúl Carnevali Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho Penal (CEDEP) de la Universidad de Talca, destacó el importante papel que desempeñan los medios de comunicación en informar a la comunidad sobre la existencia de otras alternativas a la prisión preventiva, que no debe considerarse el único recurso para garantizar la comparecencia ante el juicio.
Este análisis surgió durante el seminario titulado “La prisión preventiva como última ratio”, organizado por CEDEP-UTalca. En este evento participó Ramón Ragues i Vallès, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Pompeu Fabra, quien compartió que “en España, la prisión preventiva no se utiliza como último recurso, aunque se ha logrado reducir su aplicación. Actualmente, el 17% de las personas encarceladas son preventivas, pero considero que esa cifra aún puede disminuir más”.
Durante el seminario, realizado en el Campus Santiago de la universidad, el profesor Ragues expuso ideas de su libro “La prisión provisional como última ratio”, profundizando en los efectos de no considerar esta medida como el último recurso y en la importancia de explorar alternativas como el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, el arresto domiciliario o la prohibición de salir del país, entre otras.
Finalmente, el académico español subrayó que “con algunos ajustes legislativos y, sobre todo, con una correcta interpretación por parte de los jueces, podríamos lograr que el sistema de justicia funcione de manera efectiva sin depender tanto de la prisión preventiva, la cual puede llevar a encarcelar a personas que, en ocasiones, son inocentes, lo que representa una decisión muy dura y dramática en un Estado que respeta las libertades”.
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