Las actas oficiales publicadas por la oposición indicaban un evidente triunfo de Edmundo González, un diplomático poco conocido que asumió el cargo tras la inhabilitación de la popular líder María Corina Machado.
La inestabilidad del proceso electoral estuvo acompañada de acusaciones sobre la detención arbitraria, juicios irregulares, torturas y la revocación de pasaportes a críticos del gobierno, entre otras acciones.
González, señalado por la Fiscalía venezolana —cercana al régimen— de "instigación a la insurrección", debió exiliarse en España, mientras Machado enfrenta cargos de "traición a la patria" y se encuentra en la clandestinidad en Venezuela.
Un hecho similar ocurrió en Nicaragua en 2023, cuando el gobierno expulsó a 316 opositores a Estados Unidos, retirándoles la nacionalidad.
En 2021, Ortega fue reelegido por quinta vez como presidente, recibiendo el 75% de los votos en elecciones donde prácticamente no tuvo competidores, luego de que el sistema judicial —controlado por el oficialismo— ordenara la prisión de siete precandidatos y más de 30 líderes opositores y empresarios.
Las acusaciones hacia ellos eran, al igual que en Venezuela, de "conspiración y traición a la patria."
Ambos países enfrentan también un considerable éxodo migratorio, especialmente hacia Estados Unidos, que otorga protección especial a los solicitantes de asilo.
Expertos afirman que, tanto en la forma en que manejan la disidencia como en la operación de sus elecciones, Nicaragua y Venezuela presentan varios paralelismos que se han reforzado en 2024.
Aunque se celebran elecciones en ambos países, "los gobiernos han desmantelado de manera similar los mecanismos democráticos, cooptando el poder judicial y anulando prácticamente el ejercicio libre del voto," explica Pappier.
Analistas mencionan que los estándares internacionales no se están cumpliendo, lo que ha permitido fortalecer ambos regímenes.
Probablemente, Maduro le consultó a Ortega sobre las estrategias que ha empleado para suprimir el deseo de cambio que podría amenazar su gobierno, y sobre cómo garantizar la estabilidad de su mandato, opina el politólogo venezolano John Magdaleno. Según él, las descalificaciones y restricciones a los partidos políticos se han convertido en herramientas comunes en las autocracias del siglo XXI para evitar cualquier cambio político.
Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua argumentan que estas medidas son decisiones legales tomadas por autoridades independientes y que responden a normas supuestamente quebrantadas por los opositores.
Una de las medidas empleadas por ambas administraciones para neutralizar a líderes opositores es el exilio, así como la revocación de pasaportes, aunque lo hacen de maneras diferentes, siendo el caso de Nicaragua más extremo.
En 2023, Managua desterró en varias fases a 316 opositores, incluidos políticos de oposición como Félix Maradiaga y Cristiana Chamorro, sandinistas históricos como Dora María Téllez, e intelectuales como Gioconda Belli y Sergio Ramírez.
Les despojaron de sus propiedades, pasaportes y nacionalidad nicaragüense tras resoluciones judiciales que los condenaban "por actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, terrorismo y desestabilización económica."
En Venezuela, las denuncias sobre la revocación de pasaportes se han multiplicado en los últimos meses después de las elecciones del 28 de julio.
Algunos afectados, como el político Andrés Caleca, residen en el país, lo que les impide salir legalmente, mientras que otros están en el exilio y se les veta el regreso.
Analistas señalan que al bloquear la movilidad de los disidentes, el gobierno persigue doble objetivo: evitar que la oposición interna participe en eventos internacionales y prevenir el regreso de exiliados que podrían agitar a la oposición interna.
Uno de los casos más destacados es el de Edmundo González, quien se refugia en España después de recibir una orden de captura por usurpación de funciones, instigación a la desobediencia y conspiración, entre otros supuestos delitos.
“El exilio de figuras opositoras en Nicaragua fue resultado de un acuerdo con EE.UU., lo que ayudó a aliviar la presión sobre el gobierno de Ortega al neutralizar a quienes causaban disturbios. El exilio forzado de González en Venezuela cumplió un propósito similar”, indica Michael Paarlberg, investigador del Institute for Policy Studies en EE.UU.
Sin embargo, enfatiza que hay una diferencia clave: mientras en Venezuela aún existe una oposición interna significativa y organizada, en Nicaragua se ha erradicado cualquier indicio de resistencia.
El gobierno de Ortega mantiene un enfoque más totalitario, reprimiendo a toda la sociedad civil y la oposición, mientras promete cierto nivel de estabilidad económica, algo que Maduro no puede ofrecer.
Tanto Venezuela como Nicaragua han sido acusadas de utilizar sus sistemas judiciales y fuerzas armadas para perseguir a opositores y disidentes. “Ambos regímenes usan aparatos parapoliciales y paramilitares para reprimir la disidencia.”
Los gobiernos justifican sus acciones contra los opositores afirmando que buscan combatir supuestas campañas subversivas financiadas por Estados Unidos y aliados.
Desde las elecciones del 28 de julio en Venezuela, se han llevado a cabo cientos de detenciones, muchas de las cuales han sido calificadas como arbitrarias por organismos locales e internacionales que defienden el debido proceso.
También se han reportado desapariciones, torturas y varias muertes de disidentes bajo custodia policial.
Amnistía Internacional sostiene que el control del poder Ejecutivo sobre el sistema judicial y la Fiscalía resulta en arrestos arbitrarios o preventivos, juicios expeditos sin garantías adecuadas para la defensa y sentencias preestablecidas.
Otras organizaciones, como Human Rights Watch, indican que en ambos países se han utilizado las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo para sofocar las protestas.
Estas leyes, según un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), son empleadas como herramientas para justificar detenciones y juicios que de otro modo carecerían de un respaldo legal claro.
El gobierno de Ortega ha procesado a numerosas figuras opositoras y líderes sociales bajo cargos de terrorismo y conspiración.
Destacan los casos de Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, quienes fueron precandidatos a la presidencia en 2021 y acusados de conspiración en juicios calificados por Amnistía Internacional de irregulares, careciendo de defensa adecuada y con restricciones para la observación internacional.
Bajo la excusa de proteger la soberanía nacional, ambos gobiernos utilizan el exilio forzado y persecuciones judiciales, normalmente por delitos vagos como "traición a la patria" o "terrorismo", para intimidar a críticos, señala Juan Pappier, representante regional de HRW.
En Venezuela, la traición a la patria se fundamenta en el artículo 130 de la Constitución, que exhorta a los ciudadanos a “honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; proteger la soberanía, la nacionalidad y la integridad territorial”.
El gobierno venezolano frecuentemente emplea este artículo para acusar a opositores políticos, a quienes en ocasiones se les atribuyen conspiraciones para derrocar o asesinar a Maduro.
Entre los afectados se encuentran Juan Guaidó, Leopoldo López y María Corina Machado, así como los exministros del oficialismo, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.
Esta figura legal ha sido utilizada con mayor frecuencia en Nicaragua.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en diciembre de 2020, permite arrestar a cualquier persona que pida sanciones extranjeras o que "incite a la interferencia extranjera en los asuntos de Nicaragua".
El gobierno justificó dicha figura para sentenciar a los 316 presos políticos desterrados en 2023, considerándolos agentes de intereses extranjeros.
Recientemente, Ortega acusó a su hermano menor, Humberto, de “traición a la patria”; este falleció en septiembre de 2024 tras meses bajo arresto domiciliario por haber calificado al gobierno de su hermano y su cuñada, Rosario Murillo, como “dictatorial”.
Los expertos coinciden en que los paralelismos entre Nicaragua y Venezuela confluyen en su principal aliado político e ideológico: Cuba.
“La influencia de la inteligencia cubana es notoria, y se la atribuye en parte a haber desincentivado, desarmado e infiltrado cualquier forma de movilización o desacuerdo estratégico dentro de las instituciones públicas, incluyendo el sector público, las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales”, afirma John Magdaleno.
El experto subraya que “el avance autocrático en Nicaragua es mucho más pronunciado que en Venezuela, acercándose más a una autocracia cerrada”. Sin embargo, advierte que "en Venezuela también comienzan a verse señales de avance en esa dirección."
El subdirector de las Américas de HRW, Juan Pappier, expresa un sentimiento similar. “Mientras el gobierno de Maduro alterna entre estrategias de represión más generalizadas y otras más selectivas, desde 2021 el de Ortega ha reprimido la crítica de manera general, brutal y continua,” concluye.
Con Información de puranoticia.pnt.cl
