El Colegio Alemán de Los Ángeles ha impuesto una prohibición definitiva a una exalumna tras su vinculación con una lista que ridiculizaba y atacaba a otros estudiantes.
La Corte Suprema ha respaldado la decisión del colegio de prohibir el acceso a sus instalaciones a la joven, quien participó en la creación de una controvertida «lista negra» que incluía insultos hacia otros alumnos. La Corte consideró que la medida era legal y estaba dentro de las atribuciones del establecimiento educativo, incluso tras la graduación de la estudiante.
La exalumna había presentado un recurso ante los tribunales, argumentando que fue sancionada sin previo aviso ni oportunidad de defensa. Según su versión, solo participó en una tradición escolar de fin de año que consistía en la elaboración de listas, sin intención de ofender. Además, expresó que la prohibición le impedía acompañar a su hermano menor, quien aún estudia en el colegio, lo que le causaba un profundo daño emocional y familiar.
No obstante, el colegio alegó que la joven, junto a otros, ingresó sin autorización a las instalaciones y colocó un cartel titulado «Lista Negra Gen 24» que contenía comentarios ofensivos, racistas, homofóbicos y misóginos hacia compañeros identificables. Esta acción, según el establecimiento, perjudicó la honra de los alumnos afectados y no podía ser ignorada.
Corte de Apelaciones en el caso de Los Ángeles
La Corte de Apelaciones de Concepción había fallado a favor de la exalumna, argumentando que ya no existía un vínculo contractual con el colegio, lo cual hacía la medida arbitraria. Sin embargo, la Corte Suprema revocó esta decisión, afirmando que las instituciones educativas privadas tienen la autonomía para proteger su proyecto educativo y actuar frente a situaciones que afectan la convivencia escolar, incluso si los involucrados ya no son estudiantes activos.
En su sentencia, el máximo tribunal enfatizó que el sistema educativo chileno permite a los colegios privados ejercer su libertad de enseñanza, lo que incluye establecer normas de conducta y tomar decisiones que salvaguarden la integridad de su comunidad. En este caso, no se demostró que se hubiera vulnerado de manera clara los derechos de la exalumna que justificara la intervención judicial.
De esta forma, se ratificó que el colegio actuó dentro de su marco legal al prohibir el ingreso de la exestudiante, como una medida para proteger su entorno educativo.
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Con Información de elcontraste.cl
