La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien está siendo investigada por corrupción, presentó una querella contra los responsables de una serie de artículos periodísticos que dieron a conocer una indagatoria en su contra por lavado de activos.
Según un informe especial de TVN, Vivanco solicitó la pericia de los teléfonos celulares de los funcionarios del OS-7 de Carabineros, así como de los abogados involucrados en la causa y de los funcionarios del Ministerio Público de Los Lagos que accedieron al sistema informático.
Asimismo, demandó que se interrogue a los reporteros de diversos medios para que revelen las fuentes que les proporcionaron la información.
Patrocinada por el abogado Carlos Mora, la exmagistrada —destituida por el tribunal supremo y el Senado— sostiene que ha sido acosada, incluso en su hogar. Por esta razón, ha solicitado que los medios identifiquen a los periodistas que se presentaron en su domicilio para solicitar su versión en un reportaje.
La querella de Vivanco se da en el contexto del caso “muñeca bielorrusa”, relacionado con un litigio entre la empresa belarusa Belaz-Movitec SpA y Codelco por incumplimiento de contrato.
La empresa llevó el caso a los tribunales, pero la Corte de Copiapó determinó que la firma extranjera debía pagar US$20 millones por los retrasos en la ejecución del proyecto Rajo Inca de la División El Salvador.
Este asunto llegó hasta la Corte Suprema, cuya Tercera Sala revocó la decisión anterior y ordenó a la empresa estatal indemnizar a Belaz-Movitec SpA por la misma cantidad, destacando la rapidez con que se resolvió el caso.
Tras las numerosas revelaciones del Caso Audio, se empezó a investigar si hubo corrupción en la decisión de revertir la multa a la empresa bielorusa.
Recientemente, la Fiscalía solicitó al Banco Central información sobre los movimientos financieros internacionales de Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, y el abogado Luis Hermosilla, según Ciper.
La querella fue presentada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, pero aún no ha sido admitida a trámite porque un juez del tribunal se declaró incompetente, argumentando que el presunto delito no ocurrió bajo su jurisdicción.
De acuerdo con la resolución, este juzgado no tiene competencia para decidir sobre el destino procesal del documento, el cual le correspondería al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
