La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha aprobado el proyecto de reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, conocido como Evaluación Ambiental 2.0. Este proyecto busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar la eficiencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, expresó su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa, la cual será ahora revisada por la Comisión de Hacienda del Senado, antes de ser sometida a votación en Sala, completando así su primer trámite constitucional.
“Estamos avanzando con un proyecto que logra un equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible, optimizando, entre otros aspectos, el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA)”, afirmó la ministra.
El proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 incluye, entre otras cosas, la eliminación del Comité de Ministros como órgano de revisión de reclamaciones. Con esta eliminación, tanto las comunidades como los titulares de proyectos de inversión podrán recurrir directamente a los tribunales ambientales, lo que permitirá reducir los tiempos en la fase de impugnación.
En esta misma línea, se fortalecerá la rectoría técnica del SEA, otorgando facultades para aclarar los pronunciamientos de los organismos de la administración del Estado en materia ambiental que son de su exclusivo ámbito de competencia.
Asimismo, se implementará un procedimiento de urgencia que permitirá reducir a la mitad los plazos de evaluación ante situaciones de necesidad pública urgente, preservando el estándar técnico requerido para la calificación.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo también busca facilitar la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos de inversión, suprimiendo limitaciones actuales para los proyectos que se tramitan a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). De esta forma, bastará con que cualquier comunidad interesada lo solicite.
Además, el proyecto moderniza las acciones para la reparación del daño ambiental. En este contexto, se reconoce el papel que debe desempeñar el Estado en la recuperación del medioambiente, regulando la legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado en casos de daño ambiental y permitiendo al Estado demandar la reparación de ecosistemas afectados.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
