Chile se ha posicionado como un destino atractivo para la inversión extranjera. En 2024, la cartera de proyectos respaldados por InvestChile alcanzó un máximo histórico de US$56.234 millones, con un notable 65% de esos fondos destinados al sector energético. Estas cifras, más allá de lo que representan, demuestran la confianza de los inversionistas en las ventajas naturales y estratégicas de nuestro país, así como las oportunidades de desarrollo sostenible que se pueden ofrecer.
No obstante, para convertir esta inversión en infraestructura tangible, debemos superar un obstáculo fundamental conocido como “permisología”. En la actualidad, los proyectos energéticos, especialmente los de transmisión, se encuentran atrapados en una compleja burocracia que retrasa su ejecución. En promedio, una línea puede tardar entre 7 y 10 años en ponerse en operación, y solo la mitad o menos de ese tiempo se dedica a la construcción. Ejemplos representativos incluyen la línea Kimal-Lo Aguirre, crucial para conectar la generación de energías renovables del norte con los centros de consumo en el centro del país, que requiere cerca de 5.000 permisos para su desarrollo; y la línea Itahue-Hualqui, esencial para el sistema en la zona centro-sur, que, de ser aprobada, necesitará gestionar aproximadamente 700 permisos ambientales y no ambientales.
Es verdad que este problema es de carácter general. Sin embargo, los proyectos de transmisión, por su naturaleza, recorren amplios territorios, lo que incrementa considerablemente las autorizaciones requeridas. Esta situación no solo genera incertidumbre para los desarrolladores, sino que, aún más importante, pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de transición energética y la competitividad del país frente a mercados que avanzan con mayor celeridad.
El Estado ha tomado medidas significativas con el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que presenta herramientas como el silencio administrativo, plataformas digitales para centralizar trámites y la priorización de proyectos estratégicos. Este esfuerzo se complementa con reformas importantes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y al marco regulatorio de patrimonio cultural. Estos proyectos de ley constituyen una oportunidad para ofrecer certidumbre tanto a la ciudadanía como a los inversionistas respecto a las condiciones de desarrollo de proyectos en Chile, de manera que nuestras instituciones impulsen el desarrollo sostenible. Para lograrlo, es crucial que los cambios sean complementarios y compatibles entre sí; consideren los proyectos de inversión; y establezcan criterios claros.
El reto es considerable. No podemos permitir que nuestro liderazgo en la transición energética se limite a promesas o anuncios de inversión récord. Es fundamental contar con procesos regulatorios eficientes y sólidos que faciliten la implementación de infraestructura crítica en plazos que respondan a la urgencia climática y a las necesidades de desarrollo económico del país. Desde Transmisoras de Chile, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar iniciativas que concilien la simplificación de trámites con la aplicación de altos estándares socioambientales, porque creemos que este es el camino para transformar cifras históricas en beneficios concretos para todos los chilenos.
Javier Tapia
Director Ejecutivo de laAsociación de Transmisoras de Chile
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Con Información de www.elrancaguino.cl
