El anuncio del Gobierno sobre un recorte de $7 mil millones al presupuesto del Ministerio Público para 2025, en el marco de un ajuste general de $544 mil millones, ha suscitado una fuerte oposición de diversos sectores políticos. Esta decisión, tomada en un contexto de creciente inseguridad en el país, ha sido calificada como perjudicial para el combate al crimen organizado y la defensa de la ciudadanía.
El ajuste presupuestario repercute directamente en áreas clave para el funcionamiento del Ministerio Público. En primer lugar, afecta los gastos en personal, dificultando la contratación de nuevos fiscales y limitando las investigaciones y el acceso a las salas de audiencia. Además, reduce los recursos tecnológicos necesarios para abordar fenómenos criminales complejos y disminuye la capacidad de adquisición y mantenimiento de equipamiento esencial para la seguridad de los fiscales, como chalecos antibalas y cámaras de vigilancia.
Ante esta situación, el diputado Andrés Longton, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, anunció que solicitará la comparecencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que explique las razones detrás del recorte. Longton describió la medida como un ataque directo a la lucha contra el crimen organizado, subrayando que, en un momento crítico para la seguridad, el Gobierno está reduciendo el apoyo a las instituciones que enfrentan el delito.
De manera similar, el senador de la UDI, José Miguel Durana, expresó su firme rechazo a la decisión, poniendo en duda los criterios del Ejecutivo por no priorizar recortes en áreas de gasto innecesario o mal gestionado, como el aumento injustificado de funcionarios públicos. Durana afirmó que esta gestión evidencia una falta de eficiencia en la administración de los recursos.
El oficialismo también se mostró crítico. El diputado independiente-PPD Jaime Araya, parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, manifestó su preocupación sobre el impacto que tendrá esta reducción en la capacidad de la Fiscalía para llevar a cabo investigaciones y garantizar la seguridad de sus fiscalizadores. Araya anunció que solicitará una sesión conjunta de las comisiones de Seguridad y Hacienda para buscar posibles soluciones a esta problemática.
El senador socialista Juan Luis Castro también se opuso a la medida, considerándola un «despropósito». Según Castro, recortar el financiamiento destinado a la Fiscalía Nacional en un periodo de alta criminalidad es una decisión que carece de sentido y obstaculiza los esfuerzos para enfrentar la inseguridad. Hizo un llamado al Gobierno para que reconsidere esta medida, argumentando que no tiene justificación frente a las necesidades actuales del país.
Este recorte al Ministerio Público ha generado un amplio rechazo que va más allá de las divisiones políticas, con llamados a reconsiderar la decisión para no comprometer la capacidad del Estado en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la ciudadanía.
Con Información de hoysantiago.cl