Un nuevo conflicto de gran sensibilidad institucional ha surgido en el Hospital Base San José de Osorno. Esto se debe a que un funcionario público, jefe del departamento jurídico, el abogado Carlos Eduardo Currieco Pavie, ha presentado una querella penal por calumnias con publicidad e injurias graves escritas contra cinco dirigentes de la FENPRUSS (Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud), base Osorno.
Los acusados son Cristina Toloza Valenzuela (presidenta), Mario Barrientos Delgado (secretario), José Mora Mora (tesorero), Daniel Mancilla Moraga (director) y Francisca Sepúlveda Tapia (directora), todos funcionarios públicos y representantes del estamento profesional del hospital. Se les acusa de haber emitido y difundido una declaración pública con acusaciones graves contra la gestión jurídica de Currieco Pavie.
El documento, titulado “Declaración de FENPRUSS ante irregularidades en el Departamento Jurídico”, fue distribuido internamente y enviado formalmente al Ministerio de Salud mediante el Ordinario N.º 33, firmado por el director subrogante del hospital. En él se le atribuyen a Currieco presuntos delitos, como el encubrimiento de acosadores sexuales, omisiones dolosas y la existencia de un “círculo de poder” que protege conductas ilícitas.
En la querella, se afirma que las imputaciones “carecen de sustento fáctico y fueron formuladas de manera maliciosa, a sabiendas de su falsedad”, lo que ha dañado gravemente la honra, la imagen profesional y la integridad institucional del funcionario.
El defensor penal privado Carlos Salazar Salazar, que representa al querellante, subrayó: “La honra de un funcionario público no es un bien prescindible ni negociable. Este es un caso paradigmático, donde el legítimo rol fiscalizador de un gremio se ha convertido en una herramienta para propagar afirmaciones infundadas, dañinas y difamatorias, que no solo perjudican a una persona, sino que también erosionan la confianza pública en el hospital y el servicio de salud”.
La querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Osorno, fijándose la audiencia de conciliación y preparación de juicio para el 16 de junio de 2025, a las 10:00 horas en la sala N.º 1 del tribunal. Si no se llega a un acuerdo, se procederá bajo procedimiento simplificado.
El abogado querellante ha solicitado al Ministerio Público que cite como testigos al director del hospital y a la subdirectora médica, así como documentos oficiales al Ministerio de Salud y a FENPRUSS, tanto a nivel nacional como local, para aclarar el impacto y la difusión de la declaración injuriosa.
Este caso plantea importantes interrogantes sobre los límites entre la libertad de expresión gremial y la protección del honor de los funcionarios, especialmente en un contexto donde las acusaciones públicas infundadas pueden conllevar consecuencias penales. Para muchos observadores del sector salud, este conflicto podría establecer un precedente significativo en la relación entre asociaciones gremiales y altos funcionarios públicos en el ámbito hospitalario.
Con Información de osornoenlared.cl
