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Esta semana, una situación compleja ha llamado la atención y merece un análisis detallado dentro de la municipalidad. Se trata de la investigación en curso de la Contraloría, la cual aborda varias denuncias, incluidas las relacionadas con tres destacados funcionarios a honorarios en la administración pública local.Todos ellos son asesores cercanos del alcalde Sebastián Álvarez, quien se acerca a su primer año en el cargo, tras asumir en diciembre pasado.
El aspecto más crítico de esta situación involucra al asesor administrativo Iván Soriano, quien estaría desempeñando funciones de jefatura sin el título correspondiente y además en un cargo ya ocupado por el jefe de Control, Walter Carter. También se menciona al periodista Jefferson Adaro, exjefe de Gabinete y Comunicaciones, quien aparentemente contrató servicios sin la debida autorización. Ambos cuentan con altos salarios para funcionarios a honorarios ($4,5 millones Soriano y $4 millones Adaro, quien posteriormente tuvo una reducción en su remuneración a $2,5 millones). El tercer caso es el de Esteban Backit, asesor en Gestión de Riesgos y Desastres, que ocupa su puesto sin poseer, por ahora, un título universitario.
Además, se reveló el pago de un “bono extraño” de $500 mil añadido a los sueldos de mayo de estos funcionarios. No se ha presentado, al menos públicamente, una justificación o un procedimiento administrativo claro, especialmente en lo que respecta a Soriano y Adaro. La Contraloría está investigando y será esta entidad la que determine si hay faltas administrativas; sin embargo, es fundamental que la comunidad sepa cómo se están utilizando los recursos públicos.
Más allá de los salarios elevados (que podrían estar justificados), resulta incomprensible la necesidad de duplicar funciones que ya estaban cubiertas. Además, se debe considerar que es posible que algunos exfuncionarios de la administración del exalcalde Carlos Barra tengan que ser readmitidos a través de la vía judicial, lo que implicaría un gasto adicional para los contribuyentes, repercutiendo en las remuneraciones de manera retroactiva. Por lo tanto, estaríamos hablando de un mayor desembolso de fondos públicos que, como muchas crisis anteriores, podrían haberse evitado. Esto va en contravía del discurso de austeridad que caracterizó a la nueva administración.
Es imperativo realizar un análisis exhaustivo sobre las decisiones adoptadas y las personas que las respaldaron, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios en una administración que, en tan poco tiempo, ha incurrido continuamente en errores evitables. Buscar culpables en factores externos o en intereses políticos no contribuirá a los procesos de mejora continua prometidos en campaña.Hay tiempo para rectificar, pero este es un recurso precioso que se agota rápidamente.
Con Información de www.lavozdepucon.cl
