Un recurso de reconsideración puede tardar más de ocho años en resolverse en la Dirección General de Aguas (DGA). A pesar de los esfuerzos del Estado por equipar a las instituciones públicas con mecanismos que faciliten la fiscalización, en la DGA estas supervisiones son fundamentales para proteger el medio ambiente, especialmente en casos de extracción ilegal de áridos.
En enero de 2024, la actual ministra de Obras Públicas, Jessica López, reveló el número de multas por infracciones al Código de Aguas. Sin embargo, fuentes internas indican que, a pesar de la creciente demanda de fiscalización por parte de la DGA —lo que requiere un considerable despliegue y coordinación—, una vez que se imponen las multas, los infractores suelen presentar un recurso de reconsideración. Esto deja los casos en manos de la DGA, donde pueden permanecer en un estado de espera, lo que en la práctica implica que los infractores a menudo evitan sanciones o las reciben de forma tardía. Durante este lapso, continúan realizando extracciones irregulares de áridos.
El diario El Centro obtuvo información sobre los recursos de reconsideración pendientes en la DGA y confirmó que existen casos sin resolver desde 2016. Además, hay resoluciones sobre solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas que tienen recursos pendientes desde 2007.
Este asunto es de gran importancia, ya que representa ingresos que el Estado deja de recibir. En medio de la discusión sobre la Ley de Presupuestos, surge la pregunta de si los servicios están cumpliendo con su deber de cobrar las multas. ¿Sucede lo mismo en otras entidades?
Con Información de www.diarioelcentro.cl
