Por Cristian Vargas; Socio de Tax & Legal en BDO Chile
La Ley N° 21.713, conocida como la ley de cumplimiento tributario, no presenta cambios significativos en el sistema tributario ni altera de manera fundamental las reglas existentes. Su enfoque se centra en ajustes procedimentales destinados a fortalecer la fiscalización y la administración tributaria.
Uno de los cambios más relevantes es la reestructuración del Servicio de Impuestos Internos (SII), que ahora contará con un Comité Ejecutivo y un Consejo Tributario. Esta modificación busca promover un liderazgo más colaborativo, donde las decisiones se tomen con la participación de diversas personas, con el objetivo de aumentar la transparencia y la eficiencia en la gestión.
En el ámbito de la fiscalización, la ley endurece las medidas contra la evasión y el fraude tributario. Se acelera el proceso para levantar el secreto bancario, limitando la capacidad de oposición del contribuyente en ciertos escenarios. Asimismo, se incrementan las sanciones para los delitos tributarios más graves y se incluye la figura del denunciante anónimo, con el propósito de fomentar la colaboración ciudadana en la identificación de irregularidades. No obstante, algunas disposiciones, como la obligación de las instituciones bancarias de reportar la cantidad de abonos recibidos por un contribuyente, han sido criticadas por pequeños comerciantes que dependen de estas actividades para su sustento económico más que por acciones evasivas.
Por otro lado, la ley introduce beneficios transitorios que buscan promover el cumplimiento voluntario. Entre estos, destaca la posibilidad de regularizar capitales y rentas no declarados en el exterior, mediante el pago de un impuesto único del 12%. También se prevé la prescripción de deudas tributarias existentes hasta el año 2013, y la opción de cerrar anticipadamente juicios tributarios con condonación de intereses y multas. Estas medidas ofrecen una oportunidad a los contribuyentes para ponerse al día con sus obligaciones sin afrontar cargas financieras excesivas.
Sin embargo, la implementación de la ley enfrenta dificultades, especialmente en cuanto a los plazos de algunas disposiciones. Por ejemplo, el corto tiempo asignado para regularizar activos en el exterior ha sido objeto de críticas por ser insuficiente. Ante esta situación, el gobierno ha propuesto un proyecto de ley para extender los plazos y corregir inconsistencias.
Aunque la ley no incrementa impuestos ni modifica el sistema, refuerza los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento tributario, buscando mayor equidad, lo que impacta directamente a los contribuyentes y a la sociedad en general. No obstante, su éxito dependerá de una implementación efectiva y de la capacidad del Estado para equilibrar la fiscalización con el respeto a los derechos de los contribuyentes.
El tiempo dirá si la expectativa de que, una vez en funcionamiento, los ingresos fiscales aumentarán un 1,5% del PIB, es decir, cerca de US$4.500 millones, es acertada.
Con Información de www.elrancaguino.cl
