El proyecto minero-portuario Dominga continúa generando controversia en el ámbito judicial. El Primer Tribunal Ambiental ha rechazado la solicitud del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que buscaba suspender temporalmente los efectos de la sentencia que reactivó la iniciativa de Andes Iron, lo que anula la decisión del Comité de Ministros que había denegado su permiso ambiental. Esta petición, promovida por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pretendía pausar el cumplimiento del fallo mientras se resolvía un recurso de casación ante la Corte Suprema.
“Se resuelve, no ha lugar a la solicitud de suspensión de efectos de la sentencia recurrida”, indicó el tribunal especializado, señalando la falta de fundamentos sólidos para interrumpir la implementación de la resolución.
De acuerdo con el análisis del diario La Tercera, el tribunal enfatizó que los argumentos presentados no cumplían con los criterios necesarios para justificar la suspensión. “Ninguno de ellos configura una hipótesis concreta, en términos de segura, indubitable y verdadera respecto de la impetrada imposibilidad contenida en el precitado inciso primero del artículo 773 del CPC, en caso de que la Excma. Corte Suprema acogiese alguno de los recursos de casación interpuestos,” afirmó en su resolución.
Entre los ejemplos mencionados, se destacó que una posible reunión del Comité de Ministros para reevaluar el proyecto podría generar “consecuencias, de hecho y derecho, que provocarían la imposibilidad de cumplir un hipotético fallo anulatorio del tribunal ad quem”. Igualmente, el tribunal resaltó que “lo hipotético de los escenarios mencionados, en particular el que causa preocupación a la recurrente, que es la construcción material de las obras, depende de la voluntad de un tercero para que se concreten”.
La decisión no fue unánime. El ministro Alamiro Alfaro Zepeda manifestó su desacuerdo, argumentando que podría surgir una imposibilidad para cumplir con una eventual sentencia favorable a los recursos de casación presentados. A pesar de esto, la ministra Sandra Álvarez Torres y Cristián López Montecinos, quien actuó como subrogante, decidieron desestimar la solicitud.
Con este fallo, el proyecto Dominga sigue adelante, mientras que la Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre el recurso de casación presentado por el gobierno.
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