La enorme inversión en hidrógeno verde que se proyecta en Taltal está generando un debate importante sobre nuestra soberanía, el desarrollo industrial y la protección de nuestros cielos, un recurso estratégico que el mundo entero necesita.
El proyecto INNA, que implica una inversión de US$10 mil millones para producir hidrógeno y amoníaco verde mediante electrólisis con energía solar y eólica en Taltal, está poniendo a prueba dos de las metas más ambiciosas de Chile: ser líderes en la descarbonización del mundo y mantener nuestro lugar como capital mundial de la astronomía.
Si bien el hidrógeno verde es clave en la transición energética y promete generar empleos y exportaciones en un mercado que recién comienza, el costo que corremos es altísimo. El recurso que está en juego —la calidad excepcional de nuestros cielos del norte— es insustituible.
Los observatorios Paranal (VLT) y Armazones (ELT), operados por el Observatorio Europeo Austral (ESO), han permitido hacer algunos de los hallazgos científicos más importantes de la época, como la verificación de la relatividad general o la primera imagen de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Su valor, tanto científico como simbólico, es incalculable.
La comunidad científica mundial, incluyendo a premios Nobel destacados, ha advertido que la cercanía del proyecto INNA —a solo entre 5 y 11 kilómetros del VLT— causaría impactos mucho más severos que los efectos de la minería o los asentamientos urbanos. Estos incluyen contaminación lumínica, emisiones de polvo y, de manera crítica, vibraciones de turbinas y obras de construcción, que pueden degradar irremediablemente la calidad de la atmósfera del lugar.
A cambio de este “monopolio natural” que le da Chile al mundo, el país solo recibe un 10% del tiempo de observación para sus propios astrónomos y algunos puestos técnicos. Una compensación que claramente es insuficiente, considerando el riesgo de perder una inversión científica de más de US$1.400 millones y décadas de liderazgo global.
Trasladar los observatorios no es una opción viable. Esto implicaría perder por completo esa inversión, interrumpir series históricas de datos y perjudicar la confianza de nuestros socios internacionales. En cambio, el proyecto INNA podría reubicarse en otros sitios del norte que también son favorables para desarrollar hidrógeno verde, aunque sus evaluadores digan lo contrario.
Surge aquí una pregunta clave sobre soberanía y desarrollo: ¿por qué Chile debería sacrificar un activo estratégico único para que otros países se beneficien de nuestro cielo? Proteger nuestros cielos no puede ser un acto unilateral y gratuito.
Es hora de exigir una renegociación con la comunidad internacional. La protección de este patrimonio debe acompañarse de una compensación justa: un “peaje” por este verdadero servidumbre de paso, que cubra el costo de no poder desarrollar proyectos industriales en estas zonas y cuyos frutos lleguen a todos los chilenos.
Por Manuel Reyes, académico de la Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello.
Con Información de portalmetropolitano.cl
