- A medida que avanza la investigación de la Contraloría y se elabora la respuesta al preinforme sobre un posible daño a las finanzas públicas, también surgen nuevas dinámicas dentro de la municipalidad desde la mesa de concejales.
(Apoya el periodismo local e independiente haciéndote socio de La Voz de Pucón))
En tiempos de crisis, es común que los actores involucrados en metas compartidas se unan, independientemente de sus ideologías. Esto parece estar ocurriendo en la administración del alcalde Sebastián Álvarez, en el marco del «Caso Sobresueldos». La situación se ha intensificado tras la divulgación de información relacionada con el preinforme de Contraloría, que identifica un «posible daño al patrimonio público» debido al incremento de sueldos de ciertos funcionarios sin una justificación sólida.
En este contexto, se está formando una alianza dentro del concejo municipal, compuesta por cuatro concejales de distintas colectividades: Emilio Ulloa y Claudio Cortez, ambos de RN; Julio Inzunza del PDG y Verónica Castillo (ex Frente Amplio). Los cuatro han mantenido conversaciones y hasta tienen un grupo de WhatsApp desde hace semanas, donde han discutido el caso de los sobresueldos y la falta de información que afecta su labor. Hasta el momento, han realizado al menos dos solicitudes para obtener una respuesta de la municipalidad a Contraloría de julio, sin lograr resultados.
Además, han intentado formalmente acceder al preinforme entregado por la Contraloría el pasado jueves, pero el municipio ha declarado que no se puede entregar debido a su carácter «confidencial», limitando el acceso solo al alcalde y a algunos responsables de la respuesta.
Sin embargo, se han filtrado algunos detalles del preinforme. Se destaca que la Contraloría señala un «posible detrimento» a las arcas municipales por las elevadas remuneraciones de ciertos funcionarios y asesores a honorarios, como el asesor contable Iván Soriano, quien recibe $4,5 millones, y el periodista Jéfferson Adaro, que subió su sueldo a $4 millones (aunque lo redujo a $2,5 millones en septiembre). También se menciona a Esteban Backit, asesor en Gestión de Riesgos, con un salario de $3,5 millones, a pesar de no contar con un título universitario. Se anota que los dos primeros deberían ser nivelados a un grado 9 profesional (cerca de $2 millones) y el tercero a un 11 administrativo ($1,7 millones).
De cara al futuro, se contempla la posibilidad de que este “nuevo bloque” (referido al antiguo “bloque opositor” durante la gestión de Carlos Barra) considere la remoción del actual administrador municipal, Francisco Torres. Sin embargo, están realizando un análisis cuidadoso para no repetir los errores del pasado, cuando el bloque anterior –junto a Claudio Cortez– provocó la salida de Rodrigo Ortiz, quien fue reubicado tras un largo proceso judicial por irregularidades en el proceso. Por lo pronto, la postura de su remoción no es unánime y se debatirá para alcanzar un consenso.
Por el momento, esta idea se encuentra en una fase preliminar y para llevarla a cabo se requiere, al menos, un voto adicional en el concejo. Las decisiones comenzarán a estructurarse durante la semana que inicia este lunes. Mientras tanto, la municipalidad tiene un plazo de ocho días hábiles para responder al preinforme de la Contraloría. Además, se ha iniciado un sumario para determinar las responsabilidades administrativas sobre las decisiones que llevaron a las observaciones del organismo, lo que podría beneficiar a la administración de Álvarez al demostrar su intención de corregir posibles errores. La magnitud del sumario y las decisiones que tome el alcalde podrían abrir la puerta a cambios en su equipo cercano a pocos días de cumplir un año en el cargo.
(Únete a nuestro canal de Whatsapp y recibe las noticias primero)
Con Información de www.lavozdepucon.cl
