El diputado Andrés Celis, acompañado por el abogado Luis Eduardo Cantellano, presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de la querella criminal que habían interpuesto anteriormente por obstrucción a la justicia y violaciones a la Ley de Inteligencia en el casos conocido como «Caso Monsalve».
Esta acción legal tiene como objetivo esclarecer supuestas irregularidades en la gestión de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior durante la administración de Manuel Monsalve, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
La querella ampliada incluye también a otras autoridades, como la ministra del Interior, Carolina Tohá, y Eduardo Cerna, director de la PDI, y denuncia el uso indebido de fondos públicos para propósitos no autorizados por la ley.
De acuerdo con la información presentada, entre 2022 y 2024 se habrían gastado más de $1.500 millones en actividades sin justificación, lo que, según Celis, evidencia un “patrón de uso indebido de recursos fiscales”.
“La gestión de los gastos reservados debe ser completamente transparente. No solo se desviaron recursos destinados a la seguridad y el orden público, sino que se hizo de forma reiterada y sin respeto por la normativa vigente. Esto no puede quedar sin castigo”, afirmó Celis.
Dentro de los hechos mencionados en la querella, se indica que parte de los fondos fueron empleados en actividades personales, como pagos en efectivo y transporte nocturno, que no correspondían a los fines públicos establecidos por la legislación. Además, las rendiciones de cuentas presentadas a la Contraloría General de la República no cumplían con los estándares legales necesarios, creando incertidumbres sobre el uso real de los recursos.
En relación a esto, el abogado Luis Eduardo Cantellano subrayó la relevancia de ampliar la querella presentada el 11 de noviembre, ya que, según los hechos investigados, existen suficientes motivos para imputar al querellado Manuel Monsalve por el delito de malversación de caudales públicos en la modalidad de sustracción de fondos.
Además, enfatizó la necesidad de que el Ministerio Público esté al tanto de estos hechos «porque estamos frente a delitos muy graves que conllevan penas elevadas, y en este contexto, es crucial que se investiguen todas las ramificaciones relacionadas con las acciones irregulares e ilegales de las autoridades estatales, quienes son los máximos responsables de la administración pública”, afirmó.
“Es inaceptable que aquellos que deben proteger los recursos públicos hayan utilizado esos fondos para sus intereses personales. Como parlamentario, no puedo permitir que esto quede impune. Por eso estamos ampliando esta querella, exigiendo que se investigue hasta las últimas consecuencias. Consideramos fundamental que se determinen y apliquen las responsabilidades legales correspondientes”, añadió el diputado Celis.
La acción judicial también propone diligencias adicionales, incluyendo una revisión exhaustiva de los saldos no justificados de gastos reservados y la convocatoria de nuevos testigos para declaraciones.
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