Un verdadero escándalo ha surgido tras la querella criminal presentada por el diputado Andrés Celis en relación al denominado «Caso Monsalve». Este acontecimiento le ha llevado a renunciar a su partido, Renovación Nacional (RN), del cual ha sido miembro desde los 18 años, con la intención de «liberarlos» de cualquier implicación en la acción judicial en curso.
La querella está dirigida contra varias figuras, incluyendo al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; al director de la PDI, Eduardo Cerna; a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; y al jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente. Los cargos son por obstrucción a la justicia y por delitos específicos bajo la Ley de Inteligencia.
Según Celis, la motivación de esta acción judicial radica en el ocultamiento de un delito de violación presuntamente cometido por Manuel Monsalve en el hotel Panamericano de Santiago, en perjuicio de una subalterna, el 22 de septiembre de 2024.
«No se trata solo de posibles delitos funcionales o corrupción, sino de una grave infracción a la Ley de Inteligencia. Consideramos que tanto el director de la PDI como Monsalve han cometido irregularidades al ordenar la eliminación de grabaciones del hotel que evidenciaban a dos funcionarios«, argumentó el diputado.
La presentación de la querella se realizó junto al abogado Luis Eduardo Cantellano, quien destacó que «estos hechos son trascendentales, ya que por primera vez en Chile, podrían estar sucediendo delitos sin precedentes por parte de autoridades responsables de la seguridad y el orden público».
La querella, de 20 páginas, busca definir la responsabilidad de diversos funcionarios públicos que, según se detalla, habrían tenido conocimiento de los abusos cometidos por Monsalve al menos desde el 15 de octubre, pero decidieron permanecer en silencio hasta el 17 de octubre, cuando la noticia fue revelada en el diario La Segunda.
La acción judicial también atribuye responsabilidad a Monsalve y a Cerna, quienes estarían involucrados en dos tipos de delitos: por un lado, violaciones a la Ley de Inteligencia, y por otro, el ocultamiento de los hechos. Celis sostiene que Cerna fue informado de lo ocurrido el 15 de octubre.
En relación a Carolina Tohá, se establece que era consciente de los hechos desde el 15 de octubre, momento en que comunicó la situación al Presidente Gabriel Boric. «Ocultó información y no la entregó a la Fiscalía», añadió el legislador.
Asimismo, Celis informa que «en contra de las obligaciones de su cargo, notificó a Monsalve para que se presentara en el Hotel Panamericano, lugar donde un equipo del fiscal Armendáriz se proponía realizar las investigaciones iniciales. ¿Cómo obtuvo Tohá esta información? A través del Director de la PDI, Eduardo Cerna, quien la puso al tanto de una causa que era reservada».
Respecto a Gabriel de la Fuente, se señala que, «en teoría, él tuvo conocimiento de la situación antes que las autoridades, pero oficialmente su actuar comenzó a manifestarse el 15 de octubre cuando canceló una conferencia de prensa en la que participaría su ex jefe, Manuel Monsalve, junto al director del Servicio Electoral (Servel) el 16 de octubre.» En la querella se argumenta que estuvo encubriendo información a pesar de su condición de funcionario público.
Acerca del Presidente Gabriel Boric, se menciona que se enteró de los sucesos el 15 de octubre y que decidió enviar a Monsalve a Concepción para abordar el problema desde un enfoque familial, utilizando vehículos oficiales de Carabineros de Chile.
Por lo tanto, la querella solicita penas de 1 a 3 años por el delito de obstrucción a la investigación, además de multas que van desde 2 a 12 unidades tributarias mensuales (UTM).
Por los delitos bajo la Ley de Inteligencia, se plantea que aquellos no pertenecientes al sistema que utilicen el procedimiento enfrenten penas que fluctúan entre 541 días a 3 años. Para el personal del sistema de inteligencia, se proponen sanciones administrativas, además de posibles sanciones civiles o penales.
Para los funcionarios del sistema que utilicen información para fines personales o de terceros, se solicita una pena que varía desde 5 años y un día hasta 20 años de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, para el ejercicio abusivo de las facultades de la Ley de Inteligencia, se piden inhabilitaciones absolutas temporales de 5 años y un día a perpetuas para el desempeño de cargos y oficios públicos.
Dada la complejidad de este caso, que involucra a altos funcionarios del país, el diputado Andrés Celis presentó su renuncia formal a Renovación Nacional la noche del 7 de noviembre.
Al respecto, explicó a Puranoticia.cl que «en los últimos tiempos, debido a los problemas de denuncias, probidad, falta de transparencia y delincuencia, me doy cuenta de que uno de mis principales objetivos debe ser la fiscalización, donde a menudo siento que puedo hacer más y hasta ahora he quedado corto en comisiones investigadoras o en denuncias. Sin embargo, querellarse implica un costo que asumo de manera personal, pues no estoy utilizando mis asignaciones como Diputado, aunque podría».
El parlamentario, representante del Distrito 7 de Valparaíso, agregó que «no quiero comprometer al partido en querellas que estoy interponiendo a título personal frente a situaciones que considero graves».
«He recibido demasiadas informaciones reservadas y sentí que Renovación Nacional no puede apoyarme porque querellarse representa un problema para ellos, ya que implica comprometerse, realizar diligencias que pueden resultar costosas. Presentar una querella puede llevar a recibir otra por calumnias, y es posible que se deban pagar las costas legales. Así que deseaba tener mayor libertad, aunque tengo la intención de seguir participando en la bancada de RN si ellos lo permiten; sin embargo, quiero asegurar que no comprometeré al partido si continúo fiscalizando, pero de manera más activa en cuanto a las querellas», añadió.
Celis también comentó que «siento que la querella debe ser parte de nosotros, aunque implique un costo personal, que a veces puede doler, ya que creo que el partido debe asumir una mayor responsabilidad en la fiscalización de temas relacionados con la probidad y la delincuencia».
Al ser consultado sobre lo que significa renunciar a su partido de toda su vida, el congresista explicó que «tomé la decisión la noche anterior tras considerarlo mucho. Fue complicado tomar esta resolución porque llevo en Renovación Nacional desde los 18 años, y no planeo unirme a otro partido; espero seguir en la bancada de RN y, si es posible, persuadirlos de que la línea correcta es jugársela más y fiscalizar de manera más efectiva, más allá de interpelaciones y denuncias que no llevan a nada. Mi intención es que, a través de la querella, aquellos responsables terminen en prisión, y no deseo que la cárcel de Talca inaugure celdas VIP para Monsalve, en la misma región donde se encuentra la senadora Paulina Vodanovic y donde antes estaba el ahora ministro Álvaro Elizalde».
Finalmente, en respuesta a si percibe «falta de firmeza» por parte de Renovación Nacional ante este tipo de situaciones, el exmilitante comentó que «en términos generales, nadie lo hace. Algunos parlamentarios han presentado querellas, pero siento que lo hacen con respaldo de sus partidos. En mi caso, esta acción la realizo asumiendo los costos personales, que asumo yo mismo. Puedo darme ese lujo porque soy soltero y no tengo hijos, pero no es barato. No experimenté el apoyo del partido en ese aspecto, así que creo que los tiempos en los que figuras como Marcela Sabat, Nicolás Monckeberg, Cristian Monckeberg, Alberto Espina, Andrés Allamand o Sebastián Piñera se animaban a querellarse parecen lejanos. Actualmente, en la derecha, hay una falta de liderazgo, esa es la realidad. Así que tomé esta decisión, sin intención de dejar la bancada, a menos que ellos deseen que me vaya«.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
