Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) sorprendió al emitir un dictamen que determina que la confianza legítima de los trabajadores del sector público queda a cargo de los tribunales de justicia en Chile, y que esta entidad se abstendrá de pronunciarse al respecto. Esta decisión cierra una serie de desencuentros que han tenido lugar entre ambas instituciones a lo largo del tiempo.
Una de las primeras acciones de la nueva Contralora, Dorothy Pérez, revela la precariedad que enfrentan numerosos trabajadores del Estado, quienes sufren de una inestabilidad laboral continua bajo el sistema de contrata.
Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública en la Universidad de O’Higgins (UOH), explica que la figura de contrata implica una relación contractual donde individuos forman parte de la administración pública, pero con una duración temporal. Esta modalidad presenta diferencias significativas en comparación con el trabajador de planta, especialmente en cuanto a la inestabilidad laboral, ya que los contratos duran solo un año, salvo que se solicite una prórroga con 30 días de anticipación. Además, quienes están en contrata no pueden acceder a la carrera funcionaria, que regula el ingreso, movilidad y salida de los empleados del sector público.
Manuel Toro, académico de la misma carrera, menciona que, teóricamente, el número de funcionarios en contrata no debería superar el 20% del total de cargos de planta en una institución. Sin embargo, sostiene que esta cifra dista mucho de la realidad actual del Estado.
La decisión de la Contraloría pone en evidencia un problema estructural en el Estado, relacionado con la proporción de trabajadores en las modalidades de contrata, honorario y planta. Delgadillo explica que el estatuto administrativo establece estos límites para garantizar la estabilidad en el cuerpo funcionarial y facilitar el acceso a la carrera funcionaria, algo que no ocurre con los contratos a plazo fijo. No obstante, las instituciones a menudo superan el porcentaje permitido de trabajadores en contrata en comparación con los de planta, lo que merma sus posibilidades profesionales y propicia la inestabilidad laboral.
Para Toro, esta decisión de la CGR, que podría interpretarse como un enfoque en sus objetivos estratégicos en lugar de la defensa de la estabilidad laboral, dejará desamparados a muchos empleados públicos, especialmente considerando que quienes son desvinculados no cuentan con indemnización, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado.
La situación se complica aún más al considerar a los trabajadores que operan bajo la modalidad de honorarios. Según Delgadillo, esta figura debería utilizarse únicamente para labores accidentales y no habituales, pero en la práctica, hay una cantidad considerable de personas manifestando funciones permanentes y estratégicas, sin estar sujetas a las regulaciones de los y las funcionarias públicos.
Delgadillo advierte que dejar en manos de los tribunales la resolución de estas situaciones podría incrementar el riesgo de despidos arbitrarios, ya que un gran número de funcionarios bajo esta modalidad depende de la decisión de sus jefaturas para renovar su contrato. Asimismo, esta decisión podría generar fricciones entre el gremio sindical y las instituciones, complicando la gobernanza en un contexto democrático, al desestimarse la vía administrativa legalmente establecida que podría resolver conflictos desde el ámbito del derecho administrativo.
Toro concluye afirmando que la inestabilidad laboral que implica esta situación dificulta que los trabajadores se enfoquen en los objetivos gubernamentales o en la mejora de servicios que respondan a las necesidades de la población. Estarán más preocupados por su escasa estabilidad y dependerán de la justicia ante cualquier eventualidad de despido injustificado, lo que conlleva procesos lentos y resultados inciertos.
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Con Información de osornoenlared.cl
