Durante una reunión con los senadores de la comisión de Salud, los miembros del Consejo Consultivo Previsional informaron que entre las recomendaciones que enviaron a la Superintendencia del área se incluía la sugerencia de establecer montos mínimos a devolver.
Sin embargo, en esa ocasión, la propuesta fue rechazada por la entidad reguladora, alegando que no existía un respaldo legal para implementarla.
Paula Benavides, presidenta del Consejo Consultivo, anticipó que han estado analizando respuestas para la situación actual.
“Consideramos que hay un marco regulatorio que faculta a la Superintendencia para adoptar medidas adicionales”, comentó, subrayando que posee la capacidad “de emitir circulares que aclaren o complementen la aplicación de la normativa vigente, con el objetivo final de asegurar justicia y equidad en las relaciones entre las isapres y sus afiliados”.
Esto implica que la autoridad puede “interpretar administrativamente estas cuestiones, leyes y regulaciones, así como impartir instrucciones de aplicación general para su cumplimiento”.
En ese sentido, sugirió constituir una mesa de trabajo que incluya a la Superintendencia de Salud, las isapres y otros actores relevantes, “en un plazo breve y limitado”, con el fin de contar con “consideraciones técnicas y financieras” en beneficio de los afiliados y sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.
“Es fundamental tener en cuenta el objetivo original de la ley corta sobre isapres, que es proteger la continuidad de los tratamientos y el funcionamiento del sistema”, por lo que se deberán buscar “montos mínimos razonables, evaluando el impacto financiero de estas cantidades, priorizando posiblemente a ciertos beneficiarios según criterios a definir”, añadió.
El resultado debería ser una circular fundamentada en el consenso técnico que derive de la mesa de trabajo y que instruya a las isapres a establecer montos mínimos de devolución “que se alineen con principios de equidad y sostenibilidad del sistema”.
En dicha circular, se pueden también definir criterios para una fiscalización adecuada del proceso de implementación de la ley y la mejora continua de las condiciones de cumplimiento, así como incluir otras recomendaciones regulatorias, como normar la comunicación y entrega de información a los afiliados.
Por su parte, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, reiteró que continuará el diálogo con las isapres a fin de ajustar la respuesta a los afiliados, en la medida de las capacidades financieras de las aseguradoras.
«Hoy me he reunido con tres de las isapres y, en términos generales, hemos tenido una buena disposición para realizar un esfuerzo inmediato, es decir, buscar la manera de mejorar lo que se está haciendo entre diciembre y enero”.
Añadió que la idea es “encontrar una alternativa que nos permita tener una regulación que se alinee con lo propuesto por el Consejo Consultivo hoy, lo cual consideramos una forma positiva y adecuada de abordar futuras mejoras en este tema».
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