El abogado Arturo Correa Cuevas habría obtenido 2.870 millones de pesos tras una negociación «secreta» con la CGE. Sin embargo, sus antiguos clientes lo acusan de haber actuado en su perjuicio, traicionando sus intereses en busca de un acuerdo. Según la denuncia presentada, una cláusula de confidencialidad habría permitido a Correa Cuevas justificar su negativa a compartir información sobre las transacciones que le habrían reportado importantes beneficios económicos.
(BiobioChile.cl – Felipe Díaz Montero) – La fiscalía investiga un oneroso acuerdo secreto entre la Compañía General de Electricidad (CGE), un abogado que representaba a víctimas de incendios forestales y dos alcaldes de zonas afectadas durante el verano de 2016-2017. La denuncia por cohecho y otros delitos ha llevado a una investigación conducida por la Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo a la querella interpuesta por exclientes de Correa Cuevas, el abogado, que debería haber defendido sus intereses, se encargó de alcanzar acuerdos millonarios en secreto, beneficiándose personalmente.
Esto le permitió, a cambio de desistirse de los juicios que había iniciado contra la CGE, quien era señalada como responsable de los incendios que devastaron más de 100 mil hectáreas solo en la región de O’Higgins durante esa temporada;
Como resultado del acuerdo global, se estima que la CGE desembolsó alrededor de $5.370 millones en un pacto extrajudicial con las 14 víctimas representadas por Correa Cuevas. Sin embargo, gran parte de esa suma fue a parar a los bolsillos del abogado, lo que ha llevado a los afectados a acusarlo de «traicionar los intereses» tanto de ellos como de los municipios que él representaba.
A su vez, dichos acuerdos negociados por CGE contribuyeron al sobreseimiento definitivo de los gerentes acusados. Cabe destacar que el mismo estudio de abogados que representó a la empresa también defiende actualmente a Correa Cuevas en la denuncia interpuesta por sus clientes.
El abogado de las víctimas
“Soy un profesional con amplia experiencia en temas ambientales, incendios forestales, y más…”. Así es como se presenta Arturo Correa Cuevas en su perfil de LinkedIn. En él depositaron su confianza 14 víctimas de los incendios de 2016-2017 y los municipios de Marchigüe y Paredones, que también buscaron su ayuda para obtener reparaciones ambientales.
Correa Cuevas prometió a estos municipios cobrar solo en caso de obtener resultados, a pesar de que en estos casos las resoluciones judiciales no prevén pagos monetarios directamente. En su lugar, se ordena la realización de reparaciones ambientales mediante programas específicos.
El abogado presentó escritos tanto en la justicia penal como civil, así como ante el Tribunal Ambiental de Santiago en representación de las municipalidades. Sin embargo, según la querella, habría usado su acceso a estas víctimas para negociar, “a espaldas de sus clientes”, un acuerdo con la CGE por $5.000 millones para concluir los juicios que él mismo había promovido en nombre de 14 personas.
“En una sola operación, CORREA CUEVAS transó todos los litigios iniciados en una sola ‘transacción’, en detrimento de los representados y del interés público por el cual debía velar”, se menciona en el documento de acusación.
El mismo texto indica que el abogado solicitó que los cheques se emitieran a su nombre, actuando como mandatario judicial.
Acuerdo confidencial
Una parte esencial del pacto se firmó el 30 de abril de 2019 en una notaría en Santiago, donde estuvieron presentes los alcaldes de Marchigüe y Paredones, quienes contaban con la aprobación de sus concejos municipales para formalizar el acuerdo.
El contrato estipulaba que la CGE cumpliría un plan de reparación ambiental en las localidades afectadas. Sin embargo, se dejó claro que esto no implicaba un reconocimiento de responsabilidad por parte de la empresa alegadamente responsable de los daños.
Además, a petición de los municipios, la empresa se comprometió a cubrir los honorarios del abogado Correa Cuevas, que ascendieron a $370 millones por sus servicios.
La CGE instituyó una cláusula de confidencialidad que prohibía a los firmantes divulgar los términos del acuerdo. Se argumenta que esta cláusula fue utilizada por Correa Cuevas para justificar su negativa a revelar detalles sobre las transacciones a sus representados.
Beneficios económicos
Según la denuncia, tras el acuerdo de $5 mil millones, Correa Cuevas se benefició con $2.870 millones. De esta suma, $2.500 millones correspondían a su honorario y $370 millones a su labor en las demandas ambientales de los municipios.
Los $2.500 millones restantes fueron distribuidos entre las 14 víctimas, una cantidad muy inferior a lo que originalmente habían demandado.
“Correa Cuevas y los representantes de la CGE tratan de justificar que este acuerdo fue precedido de negociaciones extensas y complicadas, pero hasta ahora no se ha presentado evidencia que respalde esta afirmación”, añade el documento.
Desenlace del proceso
Tan solo dos días después de la firma del acuerdo, Correa Cuevas inició los primeros desistimientos de querellas en el caso penal que se seguía contra los ejecutivos de la CGE.
El resto de las víctimas continuó con la causa. Finalmente, el 23 de diciembre de 2021, la justicia determinó el sobreseimiento definitivo de los ejecutivos de la CGE tras cumplir con las condiciones acordadas.
Los querellantes sostienen que a pesar de los $5.370 millones desembolsados, la empresa logró evitar indemnizaciones que podrían haber ascendido a cerca de $16 mil millones en caso de haber perdido el juicio.
Vínculo judicial
El acuerdo entre la CGE, Correa Cuevas y los alcaldes ha sido denunciado como un posible delito de cohecho, y la causa sigue su curso judicial, implicando al gerente general de CGE y a los exalcaldes como responsables.
Al respecto, el abogado de Correa Cuevas es Rodrigo Ávila Oliver, quien previamente defendió a los ejecutivos de CGE en el mismo asunto.
Este medio trató de contactar a CGE para obtener su posicionamiento sobre las acusaciones, sin embargo, la empresa notificó que no participarían en este artículo. Asimismo, los abogados de Correa Cuevas también negaron toda disposición para comentar.
Respuestas de los exalcaldes
El abogado de uno de los exalcaldes imputados, Navaí Valdivia Lagos, rechazó las acusaciones, afirmando que son infundadas y que la fiscalía no ha formalizado ningún cargo.
Por su parte, el exalcalde de Paredones, Jorge Sammy Ormazábal, defendió las acciones de los municipios al considerar que lograron una indemnización significativa y que el acuerdo fue ampliamente respaldado por sus concejos municipales.
Además, aclaró que los municipios nunca pagaron honorarios a Correa Cuevas, ya que estos fueron asumidos por la CGE como parte de la transacción.
Finalmente, enfatizó que todas las decisiones fueron tomadas con la plena autorización de los concejos municipales y buscando el mejor interés para sus comunas.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
