Nicolás Salhus Mardones. Abogado laboralista. Magíster en Arbitraje. Diplomado en Derecho de la Empresa. (www.estudioslegales.cl)
En Chile, el Tipificador de Infracciones y el Manual de Fiscalización emitidos por la Dirección del Trabajo son herramientas fundamentales que delinean el trabajo de esta entidad en el ámbito de la fiscalización laboral. Ambos documentos tienen como objetivo establecer parámetros y procedimientos que aseguren el cumplimiento de la normativa laboral, pero también presentan retos importantes para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las cuales a menudo deben confrontar sanciones administrativas que pueden poner en riesgo su viabilidad. Este análisis revela el impacto de estas sanciones, subrayando la necesidad de ajustar el tipificador de infracciones para equilibrar la protección de los derechos laborales con la sustentabilidad de las PYMES.
El Tipificador de Infracciones clasifica sanciones específicas para diversos incumplimientos laborales. Las multas se determinan según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa, buscando así una aplicación proporcional. Sin embargo, en la práctica, las sanciones pueden resultar excesivas para las PYMES, que suelen operar con recursos limitados y márgenes de utilidad reducidos.
Por ejemplo, se imponen multas por incumplimientos formales, como errores en la documentación laboral o en el registro de asistencia. Aunque estos errores no afectan directamente a las condiciones laborales, las sanciones por ellos pueden ser elevadas. Esto representa una carga financiera significativa que, en algunos casos, puede llevar al cierre de pequeñas empresas, impactando negativamente en el empleo y la economía local.
La situación se agrava al considerar que muchas PYMES carecen de asesoría jurídica o de recursos humanos especializada, lo que las hace más propensas a cometer errores no intencionales. Las multas administrativas, que pueden ascender a millones de pesos, son un golpe duro para estas empresas que manejan un capital de trabajo escaso y enfrentan numerosos costos operativos fijos. Este escenario desincentiva el emprendimiento y crea un clima adverso para las pequeñas y medianas empresas, que son cruciales para la economía y la generación de empleo en Chile.
En lo que respecta al Manual de Fiscalización, este define los procedimientos que los inspectores deben seguir durante las fiscalizaciones. El objetivo es asegurar un proceso claro y uniforme en la aplicación de las normativas laborales. Sin embargo, uno de los principales retos radica en la posible subjetividad en la interpretación de las infracciones por parte de los inspectores, lo que genera incertidumbre para las PYMES respecto a los resultados de las fiscalizaciones.
Adicionalmente, el manual no ofrece procedimientos diferenciados que contemplen un enfoque más flexible para las PYMES, orientado a la educación y el acompañamiento, en lugar de sanciones inmediatas. La ausencia de este enfoque genera un ambiente de miedo y desconfianza en torno a las fiscalizaciones, en lugar de promover un cumplimiento proactivo y cooperativo de la normativa.
El efecto de las multas administrativas sobre las PYMES no se limita al costo económico directo; también existen repercusiones colaterales que merecen consideración:
- Desincentivo a la formalización: Muchas pequeñas empresas eligen operar de manera informal porque temen no cumplir con regulaciones estrictas y enfrentar penalizaciones excesivas.
- Pérdida de empleo: Las PYMES son una fuente clave de empleo en Chile. Ante multas elevadas, a menudo deben recurrir a la reducción de personal o, en los peores casos, cerrar, lo que incrementa el desempleo y afecta a las comunidades locales.
- Afectación a la innovación y el crecimiento: Las pequeñas empresas suelen invertir una parte importante de sus recursos en crecimiento e innovación. Las sanciones desproporcionadas desalientan estas inversiones, perjudicando su capacidad para competir y desarrollarse.
- Clima de incertidumbre y desmotivación: La percepción de un entorno regulatorio punitivo fomenta incertidumbre y desánimo entre los emprendedores, afectando su moral en la creación de empresas que contribuyan al desarrollo económico del país.
Ante esta realidad, es urgente revisar el tipificador de infracciones, con el fin de:
- Reducir el costo de las sanciones: Implementar un esquema de multas más adecuado a la capacidad económica de las PYMES, ya que este tipo de empresas no dispone de los mismos recursos que las grandes corporaciones, integrando recursos administrativos como el antiguo RAS, que permitía corregir y minimizar el impacto económico en la empresa de manera sensata.
- Incorporar un enfoque preventivo y educativo: Las infracciones menores deberían ser tratadas con advertencias y capacitación, en lugar de sanciones inmediatas, fomentando así el cumplimiento voluntario.
- Diferenciar entre infracciones formales y sustantivas: Las sanciones deben ser más severas para aquellas faltas que impacten directamente en los derechos fundamentales de los trabajadores, mientras que las infracciones formales podrían manejarse a través de procedimientos correctivos.
- Promover la digitalización y simplificación de los procesos: Muchos incumplimientos formales se deben a la complejidad de los trámites administrativos. Facilitar herramientas digitales y simplificar requerimientos podría reducir notablemente las infracciones involuntarias.
La normativa laboral y su fiscalización deben proteger los derechos de los trabajadores sin poner en riesgo la existencia de las empresas que generan empleo y enriquecen la economía. Así, es crucial que la Dirección del Trabajo adopte un enfoque más equilibrado y adaptable a la realidad de las PYMES. Reajustar el tipificador de infracciones, incorporando medidas proporcionales, preventivas y educativas, no solo aumentará el cumplimiento de la normativa, sino que también promoverá un entorno laboral más justo y sostenible.
Como señaló el economista Joseph Stiglitz, “la regulación eficiente no es la que impone costos excesivos, sino aquella que fomenta el cumplimiento y el desarrollo”. Es tarea de todos los actores, tanto públicos como privados, trabajar en la creación de un sistema que apoye a las PYMES y fomente un equilibrio justo entre el desarrollo empresarial y la protección de los derechos laborales.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
