Jorge Navarrete. Académico de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca. Director del Magíster en Gestión y Políticas Públicas. Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Maule.
Sin duda alguna, los expertos más renombrados coinciden en que la economía chilena muestra una sólida estabilidad, a pesar de haber enfrentado tres gravísimos desequilibrios: el estallido social, la pandemia de Covid-19 y, por último, un «shock populista».
Este último ha sido, en su origen, objeto de un alarmante olvido por parte de una parte de la ciudadanía.
Recordemos que tuvo lugar en 2021 y que “todo el sistema político participó” en ello: los retiros de fondos de pensiones fueron aprobados por amplias mayorías (se requería un quórum alto en el Congreso Nacional, y quienes se opusieron lo hicieron porque consideraban que las cantidades eran insuficientes para ayudar a las familias durante la pandemia); de hecho, incluso un proyecto del gobierno de Piñera sobre los “retiros” también fue aprobado.
Qué frágil es la memoria, ¿no es así?
Además, en esos años, la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanzó a más del 80% de la población, generó un importante desequilibrio fiscal. En esta medida, también participaron todos los sectores políticos (desde la UDI hasta el FA, pasando por el PC).
Lo crucial es que hemos aprendido, y a pesar de que en el gobierno actual surgieron nuevas propuestas de retiros, las mayorías (casi unánimes) rechazaron tales iniciativas.
El renombrado exministro Mario Marcel, quien presidió el Banco Central desde 2016 hasta 2022, afirmó: “todos se dieron cuenta de que fue un momento de excesos, que era necesario detener esa dinámica y, en segundo lugar, que se requerían políticas que contribuyeran a reequilibrar la economía”.
Mario Marcel logró esto claramente, quien -al menos en septiembre de 2025- indicó que “si excluimos la minería, Chile ha estado creciendo al 3% durante varios meses”.
Es cierto que algunos no quisieron escuchar, dado la “barricada electoral” típica de los comicios presidenciales; sin embargo, “no hay peor miopía que la que se niega a ver”… tal como se insinuó en el último Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2025 del Banco Central.
“Los datos son más contundentes que el relato”, y son esos números, en comparación con el año anterior, los que tenemos hoy.
Asimismo, en este mismo IPoM de diciembre, se proyecta un crecimiento de la inversión del 7% para este año, lo que representa un aumento considerable. Simultáneamente, también se ajustaron al alza las proyecciones de crecimiento para 2026.
Esto, objetivamente, no es resultado de la casualidad ni de la improvisación; desde hace dos años, el catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital ha estado creciendo sistemáticamente, en parte gracias a la baja tasa de riesgo país, lo cual no es necesario detallar para un lector inteligente como usted.
Economistas de diversos sectores académicos y consultorías de renombre han indicado que es muy probable que durante gran parte del año 2026, la inflación esté por debajo del 3%.
Pero, ¿qué tan sostenible será un crecimiento del 3% en 2026 -donde todos y todas aspiramos a más- cuando la próxima administración propone reducción de impuestos y eliminación de contribuciones para la primera vivienda sin compensar ingresos de otra manera, o sin reducir gastos en la misma medida?
Esta situación es alarmante, ya que los expertos advierten que las clasificadoras de riesgo y los inversores observan esto con atención; ha habido casos recientes en otras partes del mundo donde una agenda de rebajas impositivas sin compensación ha sido severamente penalizada por los mercados.
Además, se sabe que toda reducción en inversión social (en salud, educación, previsión y vivienda) provoca lo que los analistas de riesgos llaman: “conflictividad política provocada por la conflictividad social”, que a menudo es contrarrestada por las autoridades no mediante “puentes” ni diálogos sinceros, sino a través de autoritarismo y represión; lo que, finalmente, puede resultar en que el “remedio” (la reducción de la inversión social para compensar las rebajas impositivas) termine saliendo más “caro que la enfermedad”.
En este contexto, las autoridades terminan -casi universalmente aceptado- victimizándose ante los medios de comunicación, redes sociales y encuestadoras que, de hecho, controlan, buscando un intermediario “funcional” que suele ser la iglesia católica, interesada en recuperar espacio en nuestra sociedad chilena, al tiempo que preserva avances sociales y derechos civilizatorios, tales como los derechos de la mujer y de las familias homoparentales.
Estos métodos, “de manual”, son típicos de regímenes e instituciones muy conservadoras, iliberales o de ultraderecha; en especial en lo que respecta a sus decisiones gubernamentales -que, desde luego, nadie en su sano juicio desea, menos aún si se “ningunea” al Congreso Nacional o se abusa de decretos con fuerza de ley- y lo que todos respetuosamente esperan prevenir (esto no aparece en ningún programa presidencial), dependerá exclusivamente de quienes se instalen en la Casa de Toesca, y de sus aliados, a quienes se les desea sinceramente: el mayor realismo económico, la necesaria sensibilidad social y, sobre todo, madurez política para el bienestar de todas las familias de Chile.
A la vista está que, en los próximos años, la economía y la política serán más interdependientes que nunca, entendiendo que el mercado se ocupa del crecimiento y distribución de bienes y servicios; y que el Estado ha sido creado para dotar de dignidad a todos los seres humanos, sin excepción. Por ello, ambos -mercado y Estado- deben avanzar como “buenos hermanos”, en armonía; y en este sentido, el liderazgo es fundamental. Por lo tanto, se espera que, más allá de la “astucia”, la persona a cargo posea una genuina Sabiduría Política.
¡Así sea!
Con Información de www.diarioelcentro.cl
