Luis Eduardo Thayer, jefe del Servicio de Migraciones, ha declarado que Chile no promoverá nuevos flujos migratorios ni modificará su política fronteriza en respuesta a crisis en otros países de la región. Estas afirmaciones surgen en un contexto de posibles oleadas migratorias tras las recientes investiduras de Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump en Estados Unidos.
Thayer subrayó la necesidad de integrar a los migrantes que ya se encuentran en el país y abordar los problemas de regularización e integración antes de considerar abrir nuevas oportunidades. Según el Servicio Nacional de Migraciones, los ingresos irregulares cayeron un 37% en 2024 en comparación con 2023 y un 48% frente a 2022, lo que el gobierno atribuye a un incremento en los controles fronterizos.
Con alrededor de 1,6 millones de migrantes residiendo en Chile, de los cuales el 6,6% está en situación irregular, el Ejecutivo está analizando iniciar un proceso de regularización limitado para unas 180.000 personas registradas en 2023 con vínculos laborales o familiares. Este nuevo proceso tendrá exigencias más rigurosas que los anteriores.
Además, Thayer resaltó los avances en la cooperación migratoria con Bolivia, tras la firma de un acuerdo histórico en diciembre que facilita el retorno de ciudadanos y migrantes de terceros países. Este acuerdo ha eliminado la restricción de reconducción, lo que se considera un avance significativo en las relaciones bilaterales.
En lo que respecta a expulsiones, Thayer indicó que 2024 ha sido un año récord en expulsiones administrativas desde 2018, con 683 casos procesados bajo esta modalidad. Sin embargo, descartó un endurecimiento de la política migratoria, argumentando que se están implementando las medidas prometidas por el presidente Gabriel Boric, tales como el fortalecimiento del control en fronteras y la reducción de la migración irregular.
El gobierno también promovió en 2023 un proyecto de ley para aumentar las sanciones por delitos relacionados con la convivencia, elevar los requisitos para acceder a la nacionalidad chilena y penalizar el tráfico de personas. Esta iniciativa, que aún se encuentra en tramitación en el Parlamento, se espera que sea aprobada en el primer trimestre de 2025. Thayer destacó la importancia de esta ley para prevenir conflictos entre nacionales y migrantes, así como para proporcionar a los gobiernos locales herramientas adecuadas para gestionarlos.
La inmigración continúa siendo una de las principales inquietudes de la ciudadanía, un aspecto que el gobierno busca abordar con un enfoque equilibrado que contemple los derechos humanos, la seguridad y la convivencia.
Con Información de hoysantiago.cl
