Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) ha dirigido una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, pidiendo que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio sobre la celebración que tuvo lugar en el módulo 35 del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
El incidente se dio a conocer gracias a la difusión de videos en redes sociales, donde se observa a internos disfrutando de alcohol, celulares, música y un asado dentro de la prisión.
Los firmantes de la carta, que incluyen a Frank Sauerbaum (jefe de bancada), Carla Morales (subjefa), Andrés Longton, Hugo Rey, Diego Schalper (miembros de la comisión de Seguridad) y María Luisa Cordero, argumentan que este “evento social”, compartido ampliamente por los propios internos, “demuestra una grave transgresión del régimen penitenciario y representa un claro despropósito respecto a los objetivos de seguridad y rehabilitación que busca el sistema penal”. Además, enfatizan que el consumo de alcohol en los recintos penitenciarios está prohibido por la normativa vigente.
Los legisladores indican que lo ocurrido el 8 y 9 de noviembre podría sugerir “posibles actos de corrupción por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile, dado que no es fácil entender cómo los elementos incautados ingresaron al penal, incluyendo grandes cantidades de carne y bebidas alcohólicas”. Es importante mencionar que se confiscó al menos 24 teléfonos móviles.
También se menciona en la carta que el Código Penal, en sus artículos 304 bis y 304 ter, “prevé y sanciona tanto el ingreso como la tenencia injustificada de objetos prohibidos en instituciones carcelarias, con especial atención a los funcionarios de Gendarmería que permiten o participan en estas conductas. El cohecho también penaliza las acciones corruptas de los empleados públicos”.
Para los diputados de RN, las “investigaciones internas” anunciadas por Gendarmería no son suficientes y consideran necesario que el Ministerio Público intervenga utilizando plenamente las herramientas legales disponibles.
Afirman que “la falta de respeto manifestada por estos individuos (…) es una clara muestra de desafío al Estado”, y advierten que, si se toleran estos excesos, es probable que también se acepten otras prácticas menos visibles, pero igualmente complejas para el combate a la criminalidad, como el uso de teléfonos móviles dentro de la cárcel.
Añaden que “con este nivel de libertad e impunidad, es imposible desarticular las redes criminales que operan desde las cárceles”. Concluyen que “no existe política de seguridad que pueda soportar este grado de libertad para quienes, tras años y gastos millonarios del erario público, son sometidos a procesos penales y condenados”. Por ello, esperan que el Ministerio Público brinde una atención especial a este caso, considerando que representa la punta del iceberg en el desafío contra el crimen organizado.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
