Los diputados de la Bancada UDI que representan a la región de O’Higgins, Natalia Romero y Eduardo Cornejo, solicitaron a la Fiscalía la apertura de una investigación penal tras detectar la Contraloría General de la República, en una auditoría llevada a cabo en Junaeb, que de un total de 796.043 raciones de alimentos que la empresa adjudicataria debía entregar en la región entre marzo y diciembre de 2022, solo se distribuyeron 284 raciones en dicho periodo.
Sobre este asunto, los parlamentarios hicieron alusión al informe final del órgano contralor, que, a pesar de no validar una denuncia sobre un presunto sobrepago en los servicios de alimentación, identificó una serie de irregularidades que perjudicaron a miles de estudiantes de la región.
El ente fiscalizador determinó específicamente que Junaeb licitó la entrega de 796.043 servicios de alimentación para el nivel básico en 2022, de las cuales solo se distribuyeron 84 raciones en septiembre y 200 en octubre.
“Los hallazgos reflejan un hecho consolidado que no se puede corregir para el periodo auditado, ya que efectivamente se pagó la suma de $3.554 millones […] Sin embargo, el proveedor solo entregó 284 raciones a los establecimientos educacionales”, señala el documento.
Junaeb y raciones de alimentos
Por ello, los diputados Romero y Cornejo afirmaron que no era suficiente con los sumarios internos de Junaeb y que era necesario investigar los posibles delitos que pudieran existir, instando además al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a evaluar eventuales querellas.
“Es absolutamente inaceptable que en nuestra región se haya entregado menos del 0,1% de los servicios de alimentación contratados por Junaeb para los establecimientos educacionales durante 2022. Gastar más de $3.554 millones para que la empresa responsable apenas entregue 284 onces de casi 800 mil es una aberración tanto moral como legal; por lo tanto, es indispensable que se investigue este asunto”, expresaron los parlamentarios UDI.
En este contexto, los representantes de O’Higgins también criticaron que en las licitaciones anteriores no se haya establecido un rango de precios, lo cual llevó a que las empresas participantes presentaran ofertas muy dispares entre sí.
Consecuentemente, Romero y Cornejo insistieron en que es “indispensable” abrir una investigación penal por los posibles delitos que podrían estar en juego, como la malversación de fondos.
“Una situación de esta magnitud, que afecta a miles de estudiantes vulnerables de nuestra región, no puede quedar impune ni limitarse exclusivamente a un ámbito administrativo. Además de las políticas, aquí también podrían existir responsabilidades penales, por lo que insistiremos en que se realice una investigación al respecto”, reiteraron los diputados.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
