El diputado del Distrito 7, Arturo Barrios, junto a sus colegas Daniella Cicardini, Emilia Nuyado, Daniel Manoucheri, Leonardo Soto y Daniel Melo del PS; Luis Cuello, Matías Ramírez y Lorena Pizarro del PC; Carolina Tello del FA y Ana María Gazmuri de AH, ha impulsado una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, debido a su supuesta implicación en la red de corrupción y tráfico de influencias relacionada con el caso “Muñeca Bielorrusa”.
Las circunstancias en torno al magistrado, particularmente sus conexiones con intereses económicos beneficiados en decisiones judiciales, representan una «grave manifestación que compromete la confianza y debilita la probidad y la igualdad ante la justicia«.
“Ante la existencia de antecedentes que relacionan a un ministro de la Corte Suprema con redes de favores indebidos, tráfico de influencias o intercambios irregulares con operadores privados, la institucionalidad debe actuar con plena transparencia y rigor democrático”, expresó el legislador.
Asimismo, destacó que el rol del Congreso en estos casos es asegurar que las acusaciones constitucionales o investigaciones parlamentarias se lleven a cabo respetando estrictamente la ley, escuchando a todas las partes y manteniendo el principio de separación de poderes:
“Un Poder Judicial sólido, autónomo y libre de corrupción es fundamental para nuestra democracia. Si hay dudas razonables y la confianza pública está en peligro, es imperativo investigarlo a fondo. La legitimidad del sistema judicial se defiende con verdad y transparencia, no con silencios”, afirmó.
El parlamentario enfatizó que este caso no debe convertirse en herramienta de disputa electoral ni en un medio de aprovechamiento político. “Estoy comprometido: participaré en cada etapa de este proceso enfocado únicamente en los antecedentes, en el marco constitucional y en la protección de la confianza pública. No se puede prejuzgar, pero tampoco minimizar hechos que puedan dañar gravemente la credibilidad de nuestras instituciones”, aseguró.
Por último, Barrios subrayó que la situación exige un estándar ejemplar: “El país necesita señales firmes de probidad. Si se confirma que han existido conductas inapropiadas en la Corte Suprema, deberá actuarse con todo el rigor de la Constitución. Si no es así, será nuestra responsabilidad despejar cualquier duda. Lo esencial es que Chile tenga la certeza de que nadie está por encima de la ley”, concluyó.
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