Las diputadas Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) han interpuesto una querella criminal contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por secuestro agravado, así como en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia.
El objetivo de esta acción judicial es investigar las responsabilidades penales y administrativas relacionadas con hechos de gran gravedad que ponen en entredicho la credibilidad de las instituciones públicas.
La querella menciona que los incidentes denunciados incluyen la presunta malversación de recursos públicos y la manipulación de pruebas.
El documento establece que “tales conductas son de suma gravedad y requieren una investigación exhaustiva, dado que no solo violan las normas de la Ley de Inteligencia, sino que podrían haber alterado pruebas, lo que pone en riesgo el éxito de la investigación en curso”.
Al respecto, la diputada Camila Flores expresó: “Es evidente, tras todos los hechos que han sido divulgados por los medios de comunicación, que se dan las condiciones jurídicas para que se configure el delito de secuestro agravado, ya que una víctima ha sido retenida y de esa retención se desprende una presunción de delito de violación que está siendo investigada.”
Por su parte, Paula Labra añadió: “Como diputadas, no podemos permanecer inactivas, especialmente cuando observamos a un gobierno, desde el Presidente Boric hasta la ministra Orellana, que no ha mostrado señales claras de protección a la víctima. Hemos sido testigos de un pacto de silencio.”
“Estamos tratando con un exsubsecretario del Interior, una figura poderosa que utilizó su influencia para encubrir el caso. Por eso, con firmeza, hemos decidido proceder con la querella por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe asumir la responsabilidad por sus actos, en nombre de la justicia y del honor a la víctima”, agregó.
La diputada Flor Weisse complementó: “Con cada hecho nuevo que conocemos, que nos sorprende cada vez más, estamos ante un circo romano, donde se ha orquestado una trama desde La Moneda.”
“Lo que presentamos es esta querella criminal para que se investiguen, además de lo que ya está en curso sobre el exsubsecretario Monsalve por violación y abuso sexual, otros hechos que podrían ser constitutivos de delito y que consideramos de la máxima gravedad”, agregó.
Asimismo, señaló que «en esta querella se incluye la omisión de denuncia, dado que la ministra del Interior tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de reportar los hechos de los que tuvo conocimiento de inmediato”.
«Es responsabilidad de una autoridad, como de cualquier funcionario público, y por tanto consideramos que este es un hecho gravísimo que debe ser investigado con la mayor celeridad posible”, enfatizó Weisse.
Además, el documento indica que la ministra del Interior, Carolina Tohá, habría mantenido comunicaciones con el exsubsecretario Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber comprometido la confidencialidad de la investigación. Según la querella, se debe determinar si “la llamada de la ministra Tohá a Monsalve, antes del allanamiento, fue suficiente para que el querellado cambiara el chip de su teléfono celular, un hecho relevante en la investigación por obstrucción”.
“A estas alturas, estamos convencidas de que hubo un pacto de silencio entre los funcionarios de la Subsecretaría del Interior, el Presidente de la República, Miguel Crispi, el Jefe de Gabinete y la Ministra del Interior, todos se concertaron para que esto no saliera a la luz pública; y si salió, fue gracias a un diario de circulación nacional que lo destapó”, concluyeron las parlamentarias en el centro de justicia.
Asesores de La Moneda bajo la lupa
La querella también solicita investigar el papel de los asesores del gobierno, como Miguel Crispi y Carlos Durán, así como de otros miembros del denominado “Segundo Piso” de La Moneda.
De acuerdo con el documento, el caso involucra a altos funcionarios que supuestamente tenían conocimiento de los hechos y su actuación podría configurarse como omisiones o encubrimientos.
Finalmente, la querella destaca que estos hechos vulneran derechos fundamentales y principios de probidad pública, señalando que existen indicios de ’negociar’ el no denunciar un delito de violación, donde funcionarios públicos tuvieron conocimiento y no actuaron conforme a la ley, así como el uso indebido de recursos públicos y la privación forzada de libertad”, concluye el texto.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
