«No podemos permitir que la burocracia siga obstaculizando procedimientos que pueden salvar vidas», declaró la legisladora.
La diputada Natalia Romero (independiente, bancada UDI) hizo un llamado urgente para reanudar el trámite de un proyecto de ley que presentó en 2022, el cual busca permitir que las fuerzas policiales accedan a la geolocalización de dispositivos móviles sin necesidad de autorización judicial en caso de una denuncia por presunta desaparición.
Este llamado surge a raíz del caso de Francisca Bolvarán, quien reportó la misteriosa desaparición de su esposo, Cristopher Flores, de 36 años, en Rancagua, Región de O’Higgins. La mujer indicó que tuvo su último contacto con él en la madrugada del sábado 11 de enero, y desde entonces no ha sabido nada sobre su paradero.
Francisca explicó que Cristopher trabaja desde hace dos meses en la mina El Teniente bajo un sistema de turnos 8×6, por lo que se encuentra residenciado temporalmente en Rancagua, aunque su hogar permanente está en Los Andes. Además, subrayó que su esposo no conoce bien la zona, carece de amigos cercanos y es una persona introvertida, sin vicios ni problemas de salud.
En este contexto, la parlamentaria reiteró la necesidad de aprobar el proyecto que propone la geolocalización inmediata: «Las primeras horas son críticas en la búsqueda de una persona desaparecida. No podemos permitir que la burocracia continúe obstaculizando procedimientos que pueden salvar vidas».
La diputada Romero recordó que esta iniciativa nació tras el caso de Mauricio Rojas, un joven de Graneros cuyo cuerpo fue encontrado dos meses después de su desaparición, junto a su celular. En esa ocasión, la empresa de telefonía tardó casi 20 días en proporcionar la ubicación del dispositivo.
En la actualidad, la Ley 21.500 permite a la Fiscalía solicitar la última ubicación del teléfono de una persona desaparecida, pero requiere la autorización de un juez de garantía, lo que retrasa las acciones. La propuesta de la congresista busca que esta información se entregue en un plazo máximo de cinco horas desde la denuncia.
«Estamos hablando de vidas humanas. No podemos seguir aguardando. Casos como el de Cristopher Flores evidencian la urgencia de agilizar estos procesos. Hago un llamado al Gobierno y al Congreso a priorizar este proyecto y avanzar con responsabilidad y rapidez», concluyó la diputada.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
