El exministro de Energía, Diego Pardow, presentó ante la Cámara de Diputados su respuesta a la acusación constitucional en su contra, pidiendo a los parlamentarios que la consideren inadmisible al no cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución.
La acusación, que se divide en dos capítulos, alega que el exsecretario de Estado incumplió la Carta Fundamental al no garantizar el principio de probidad. También se argumenta que se han infringido los principios de eficiencia y eficacia, al ocultar información relevante ante la ciudadanía relacionada con errores en el cálculo de las tarifas eléctricas.
En un documento de 120 páginas, el exministro sostiene que el libelo carece de sustento en las causales indicadas por la Constitución, no cumple con los estándares mínimos de fundamentación, no le atribuye responsabilidad por hechos propios y no honra el carácter de «última ratio».
En cuanto a las razones por las que no informó sobre los errores de cálculo detectados en 2024, Pardow explicó que, “ante la falta de información clara, y solo conociendo que existían inconsistencias, cualquier comunicación pública prematura habría generado alarma en la ciudadanía sin un propósito específico y, de confirmarse, podría haber comprometido el interés nacional”.
“En este contexto, el haber hecho pública esa información no solo habría implicado una intervención indebida de mi parte, introduciendo criterios de parcialidad, sino que podría haber sido visto por la empresa (Transelec) como una forma de hostigamiento para presionar en contra de sus intereses en la valoración de activos”, enfatizó en su respuesta.
Sobre su responsabilidad en el error de cálculo, la exautoridad afirmó que no contaba con las herramientas necesarias para identificar el problema y que no tenía “las facultades técnicas ni legales para modificar el cálculo tarifario de la Comisión Nacional de Energía”. Señaló que incluso una modificación unilateral podría haber sido desestimada y posiblemente anulada por la Contraloría General de la República.
Tras recibir la respuesta, la comisión revisora, presidida por el diputado Jaime Mulet (FREVS), tiene un plazo de seis días para analizar el documento y emitir su voto.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
