El Consejo para la Transparencia ha publicado los resultados de una fiscalización extraordinaria llevada a cabo en 2025, que revisó el acceso a la información sobre los gastos de representación, protocolo y ceremonial de organismos de la Administración Central y gobiernos regionales durante el año 2024.
Se trata de gastos autorizados por la normativa vigente, utilizados en inauguraciones, aniversarios, obsequios, reuniones, y la atención a autoridades y delegaciones, siempre que estén relacionados con las funciones del organismo y que sean gestionados por sus autoridades superiores.
Durante la fiscalización, se evaluaron 419 instituciones públicas. Si bien 158 de ellas cumplen con la obligación de informar sus gastos, se encontraron deficiencias que impiden un escrutinio adecuado sobre el uso de los recursos públicos. En concreto, el informe reveló que 95 organismos (23%) no informaron correctamente estos gastos, ya sea por no contar con la sección obligatoria para transparencia activa (63) o por no incluir información sobre gastos de representación y protocolo con un mensaje que indique que no hubo gastos en estos conceptos (32).
De acuerdo con lo indicado, solo 158 instituciones reportaron haber realizado gastos durante 2024, acumulando un total de $3.428 millones. Sin embargo, el Consejo encontró que $781 millones —casi una cuarta parte del total— tienen descripciones genéricas o información incompleta que impide identificar el destino de estos fondos públicos.
Entre los gastos más altos sin actividad asociada, los dos organismos más destacados forman parte de la Administración Central. En primer lugar, la Presidencia de la República, que tuvo registros mencionados de gastos solo como “servicios audiovisuales”, “arriendo de sillas” o “arriendo de microfonía”, sin detallar el contexto de estos desembolsos. En segundo lugar, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, cuyas descripciones incluyen conceptos como “arreglos florales” o “abarrotes para gabinete”, sin especificar la actividad relacionada.
La fiscalización también reveló gastos por $221 millones en los que no se puede identificar claramente el bien o servicio contratado, dado que ni la descripción del gasto ni los documentos asociados proporcionan antecedentes suficientes. Por ejemplo, en la Armada de Chile, se detectaron gastos descritos de manera amplia como “evento protocolar para atenciones” o “reunión de trabajo”, con documentos que no aclaran lo contratado.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, enfatizó que “la ejecución del presupuesto por parte de los organismos públicos es un deber de transparencia activa, cuya observancia no es opcional. Cuando la información sobre el destino y uso de los recursos públicos es vaga o incompleta, no se puede realizar un control adecuado sobre su utilización. La falta de publicación de información o la publicación de datos parciales, como el monto del gasto sin detallar qué bien o servicio fue contratado, no satisface los estándares de transparencia establecidos por la Ley de Transparencia y sus normas relacionadas”.
“Este tipo de gastos está autorizado por la ley, pero, como estipula la normativa, deben ser transparentados y la información puesta a disposición de la ciudadanía de manera completa, especialmente porque son considerados excepcionales y deben estar justificados”, añadió González.
En cuanto al destino de los recursos reportados para 2024, la fiscalización indicó que los mayores montos se destinaron a producción de eventos (36%), servicios de banquetería y coffee break (16%) y arriendo de equipos audiovisuales (10%). La finalidad más frecuente de estos gastos fue para ceremonias, inauguraciones y conmemoraciones, que representaron el 43% del total.
Ante estos hallazgos, el Consejo para la Transparencia procederá a oficiar a los organismos que incurrieron en incumplimientos para asegurar el cumplimiento de la normativa y enviará los antecedentes a las Comisiones de Hacienda y Especial Mixta de Presupuestos del Congreso, a la Dirección de Presupuestos, a la SUBDERE, a la AGORECHI y a la Contraloría General de la República, además de impulsar acciones para mejorar la claridad y calidad de la información disponible.
Con Información de www.diarioelpulso.cl
