El desalojo de una abuelita de 94 años ha reavivado las críticas a la justicia en Chile y la controversia sobre el fallo que permitió esta medida.
Por: Cristián Carrión / El Agora.net
El desalojo de una vivienda en el barrio Bilbao El Bosque de Providencia generó un revuelo importante: una familia completa, incluyendo a una mujer de 94 años, fue echada por orden del 28º Juzgado Civil de Santiago, en un caso relacionado con el Grupo Mosa, que preside Aníbal Mosa, principal dueño de Blanco y Negro, la concesionaria que maneja Colo Colo.
Pablo Sandor, uno de los afectados y parte del proyecto que buscaba usar la casa para rehabilitación de adicciones, denunció que el proceso fue “acelerado, injusto y manipulado por intereses ajenos al acuerdo original”.
Los dichos de Sandor
Sandor manifestó que esta situación sienta un mal precedente:
“Me da mucha vergüenza lo que está sucediendo. Esto es un claro ejemplo de cómo la justicia chilena está corrompida. ¿Cómo pueden echar a una familia entera, a una señora de 94 años, solo por la codicia del grupo Mosa?”, reclamó.
Contó que el grupo estaba avanzando en crear una fundación para el inmueble. “Invirtió plata, firmamos la constitución de la fundación y pusimos nuestra huella. Y ahora, después de todo eso, nos demandaron por arriendo; lo perdieron. Luego por usurpación; también lo perdieron. Y ahora por precario, algo totalmente ilógico”, dijo.
Sandor criticó un sistema con doble estándar. “Hay una justicia para los que pueden sobornar y otra para los que somos comunes y corrientes. Eso es lo que se está mostrando”.
El oficio que autorizó el desalojo
El desalojo se llevó a cabo gracias al Oficio 7052, emitido el 28 de noviembre de 2025, en el marco del caso C-8321-2025, titulado Inversiones Osorno Ltda. / Sandor Mallol y otros.
La orden instruyó la ayuda de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento para entregar la propiedad ubicada en Guillermo Acuña Valdivia 2833.
El procedimiento se dirigió contra Pablo Sandor Mallol, Pamela Andrea Gajardo Caselli, sus familias y cualquier otro ocupante.
La jueza cuestionada
El fallo fue firmado por la jueza Lilian Esther Lizana Tapia, quien ha estado en medio de uno de los episodios más graves y silenciosos del Poder Judicial en los últimos años.
Un informe reservado del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago (2023) la sancionó al descubrir un patrón irregular: varias solicitudes de inscripción vehicular rechazadas por el Registro Civil sistemáticamente terminaban en su tribunal con fallos favorables para Cristián Mandujano Moreno, su pareja.
La Corte determinó que existió una “grave deficiencia en la revisión exhaustiva”, además de omisiones sobre sus vínculos que debieron llevar a su inhabilitación.
A pesar de ello, la jueza siguió trabajando, lo que hoy levanta dudas sobre la transparencia y el criterio con que se tomó la decisión que originó el desalojo en Providencia.
Un desalojo que revive críticas al sistema judicial
Para Sandor, esta situación refleja la crisis de confianza que sufre nuestro sistema judicial:
“Este caso es lo que trató de explicar un integrante de la Comisión para la Transparencia: es emblemático de por qué los chilenos no confían en la justicia. Es una vergüenza”, aseguró.
La controversia ha quedado instalada: un conflicto habitacional entre privados disparó un debate más amplio sobre la integridad judicial, decisiones cuestionadas y un procedimiento que terminó afectando a una abuelita de 94 años.
Declaraciones del afectado sobre el actuar del Grupo Mosa y de la jueza Lizana en el siguiente link
Con Información de radioportales.cl
