José Miguel Rodriguez Letelier, Abogado.
“Los comunistas también tenemos derecho a tener iPhone”, declaró la candidata presidencial Jeannette Jara, generando titulares y memes en redes sociales, así como debates en los principales medios de comunicación en Chile. Aunque la frase parece provocadora, plantea una cuestión esencial: ¿quién financia la tecnología que utilizamos cotidianamente? ¿Es solo mérito del mercado o hay un actor que a menudo se invisibiliza en la narrativa predominante? ¿Cuál es el papel del Estado en la innovación, la tecnología y el crecimiento económico de un país?
Es fundamental destacar que los gobiernos de todo el mundo están cada vez más comprometidos en fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible a través de la innovación. Ante los desafíos sociales y medioambientales crecientes y un contexto internacional cada vez más polarizado, como el chileno, establecer un rumbo claro es vital. Mejorar la salud pública, garantizar el acceso a agua limpia, mitigar el cambio climático, reducir la desigualdad y promover una prosperidad compartida son objetivos difíciles, pero imprescindibles para lograr un crecimiento sostenible. Sin embargo, los gobiernos actuales carecen no solo de una dirección decidida, sino también de los marcos políticos necesarios para enfrentar eficazmente los desafíos contemporáneos.
La economista y académica del University College London, Mariana Mazzucato, ha dedicado su carrera a indagar en estas cuestiones. En su libro El Estado emprendedor (Mazzucato, 2014), argumenta que tecnologías clave como el GPS, Internet, y la pantalla multitáctil fueron posibles gracias a décadas de inversión estatal en investigación fundamental, lideradas por instituciones como DARPA y la National Science Foundation. Aunque el sector privado, como en el caso de Apple, logró integrar y comercializar estos avances, tampoco lo habría conseguido sin el apoyo inicial y el riesgo asumido.
La declaración de Jara, hecha en agosto de 2025 en medio de críticas sobre su situación patrimonial, fue ampliamente cubierta por medios como La Nación y Biobío Chile, y más allá de su contenido defensivo, ha abierto un debate crucial sobre el rol que debe desempeñar el Estado en una economía basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología.
Mazzucato (2019) sostiene que el Estado no debe limitarse a corregir fallos del mercado, sino liderar transformaciones productivas mediante políticas industriales activas, y alianzas público-privadas bien estructuradas. Esta perspectiva, respaldada por experiencias exitosas como las de Alemania, Corea y Estados Unidos durante la Guerra Fría, contrasta con la idea de un Estado pasivo que solo regula.
Además, Mazzucato recalca la importancia de situar la vida en el centro de la actividad económica. Aporta la visión de autoras que han influido en su obra, como Hannah Arendt, Elinor Ostrom, y Kate Raworth, quienes sugieren que la sociedad del conocimiento y su economía no surgen espontáneamente; el éxito social requiere la participación activa del Estado. Esta posición es opuesta a la de pensadores libertarios como F. A. Hayek y M. Rothbard, quienes advierten sobre los peligros de las intervenciones estatales. Mientras Mazzucato aboga por un sistema impositivo que busque el bienestar social, otros sostienen que la carga tributaria es una agresión a la libertad individual. Argumentan que el Gobierno, al ejercer su monopolio sobre la fuerza, despoja a los ciudadanos de los frutos de su trabajo, destinando esos recursos a actividades no siempre alineadas con el interés público.
Desde la perspectiva del economista de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang, este discurso ha resultado en que los países más pobres derrochen recursos. En su libro Malos Samaritanos, critica a quienes aconsejan a las naciones menos desarrolladas prescindir del Estado para crecer. Chang resalta que el desarrollo de países como Japón, Corea y Finlandia se debe a una activa presencia estatal que incluso dirigió las exportaciones durante décadas. Pero también el Estado proactivo fue fundamental en el desarrollo de Estados Unidos y de la mayoría de las naciones que hoy prosperan. Al presentar al Estado como un obstáculo para el crecimiento, los países ricos “patean la escalera” que les permitió desarrollarse, bloqueando el acceso a otros países a esa misma oportunidad.
Para Chile, adoptar este enfoque es urgente, especialmente frente a enormes desafíos energéticos, climáticos y productivos y a su vez, contando con ventajas estratégicas como el litio y el cobre. Convertir estas oportunidades en un desarrollo sostenible requiere más que mercados eficientes; es indispensable una visión pública, liderazgo estatal y la capacidad de asumir riesgos a largo plazo.
El dilema radica en que el Estado asume los riesgos, mientras que las ganancias habitualmente son cosechadas por el sector privado. “Socializamos el riesgo, pero privatizamos las recompensas”, ha señalado Mazzucato en múltiples ocasiones (Time Magazine, 2015). Frente a esto, propone que el Estado recupere parte del retorno de sus inversiones a través de mecanismos como participaciones accionarias y derechos de propiedad intelectual (Mazzucato, 2015).
En su obra más reciente, Mission Economy, sostiene que el Estado debe actuar como un inversor estratégico con un propósito, guiando la innovación hacia metas públicas: la transición verde, la justicia social, y la salud colectiva, entre otras (Mazzucato, 2021).
En resumen, la afirmación de Jeannette Jara podría parecer trivial, pero encierra una incomodidad profunda: el iPhone, símbolo del capitalismo triunfante, también es fruto de la inversión estatal y el riesgo asumido por el Estado. Retratar mal la historia de la innovación tiene consecuencias económicas y éticas, ya que permite a las empresas apropiarse de las utilidades generadas con fondos públicos. La verdadera pregunta no es si un comunista, un libertario o cualquier otro individuo puede poseer un iPhone, sino si Chile tendrá la capacidad de desarrollar su propia tecnología y modificar su paradigma productivo, integrando verticalmente la producción tecnológica y apostando por la ciencia y la inteligencia artificial. En otras palabras, ¿tendremos un Estado que se limite a regular y observar, o uno que innove y redistribuya, fortaleciendo así su economía?
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