La Defensoría de la Niñez llamó la atención sobre un proyecto de ley que modifica la Ley de Migración y Extranjería, argumentando que esta iniciativa vulnera derechos fundamentales de niñ@s y adolescentes migrantes, va en contra de la Ley de Garantías, y desconoce estándares internacionales de protección. Hicieron un llamado al Congreso a legislar con enfoque en derechos y sin discriminación.
La Defensoría de la Niñez expresó su preocupación por el proyecto que cambia la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería, que busca limitar el acceso a beneficios sociales financiados con impuestos para niñ@s migrantes. Según el organismo, esta iniciativa vulnera derechos establecidos en la Constitución, la Ley de Garantías y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó su desacuerdo con el proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Aclaró que excluir a niñ@s del acceso a derechos sociales por su condición migratoria no se alinea con las obligaciones internacionales del Estado. Este miércoles 26 de noviembre se presentará el primer informe en Sala, un momento clave para el avance de esta legislación.
“El Estado debe fortalecer las políticas públicas y no restringir derechos. La niñez migrante merece igualdad y dignidad y debemos asegurar que ningún niñ@ quede en situación de desprotección. Esto es un mandato de la Ley de Garantías y Protección Integral”, afirmó Quesille.
Cumpliendo su mandato legal, la Defensoría envió recomendaciones formales a la Comisión a través del Oficio 1310/2025. En dicho documento, se recordó que tod@s los niñ@s y adolescentes en Chile tienen los mismos derechos, sin importar su estatus migratorio, y que el artículo 8 de la Ley de Garantías prohíbe cualquier tipo de discriminación arbitraria en el acceso a servicios esenciales.
La institución advirtió que el proyecto introduce criterios de priorización en salud y educación que favorecen a chilenos, lo que infringe el principio de no discriminación y podría llevar a un retroceso en derechos sociales. “La respuesta del Estado debe enfocarse en políticas públicas inclusivas y no en limitaciones que perjudiquen a la niñez migrante”, destacó el Defensor.
La Defensoría recordó que ya había hecho observaciones al proyecto contenido en el Boletín 16072-06, insistiendo en que la falta de cupos en educación y salud debe ser atendida con políticas robustas que respondan a los cambios demográficos, sin restringir los derechos fundamentales de la infancia.
Finalmente, Quesille instó al Congreso a legislar desde una perspectiva de derechos humanos y reiteró que “ningún niñ@ debe ser privado de sus derechos fundamentales solo por su estatus migratorio”.
Con Información de portalmetropolitano.cl
