La Defensoría de la Niñez alertó que desde 2018 hasta 2025 se han registrado más de 7.500 expulsiones y cancelaciones de matrícula, con un 12% de los estudiantes que no lograron reinsertarse en el sistema educativo.
Expulsiones escolares, continuidad educativa, derecho a la educación, exclusión escolar y sistema educativo chileno son parte de los hallazgos del análisis del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, que resalta el fuerte impacto de estas medidas en las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes, además del riesgo de desvinculación prolongada del sistema escolar.
La Defensoría ha advertido sobre un aspecto poco debatido: los efectos directos en la continuidad educativa y la aplicación del derecho a la educación. Según los datos, más de 7.500 expulsiones y cancelaciones se registraron entre 2018 y junio de 2025 en los colegios del país, con un incremento sostenido en los últimos años.
El análisis muestra una alta recurrencia de estas sanciones en ciertas regiones, especialmente en Arica y Parinacota y Tarapacá, así como un uso creciente en colegios emblemáticos, donde entre 2023 y 2024 se observó un aumento del 62%. Además, se ha constatado que estas medidas se aplican desde las primeras etapas de la educación: entre 2022 y 2025, se registraron 1.560 expulsiones de estudiantes desde 1° a 8° básico, afectando incluso a la educación primaria.
Informes anteriores habían indicado que un 12% de los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a matricularse en 2023, confirmando las repercusiones estructurales de estas medidas. Para la Defensoría, esto es una alarma sobre el riesgo de exclusión escolar, ya que las expulsiones no solo cortan el camino educativo, sino que pueden derivar en una desvinculación duradera o definitiva, afectando más a los adolescentes con trayectorias marcadas por desventajas acumulativas.
El estudio destaca especialmente a los colegios que reciben financiamiento público, que son los únicos obligados a reportar estas situaciones, lo que ha llevado a descubrir focos preocupantes de uso reiterado, sobre todo en liceos técnico-profesionales y colegios emblemáticos, donde los estudiantes de enseñanza media son los más afectados.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, comentó que “cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecerle alternativas reales, no solo interrumpe su aprendizaje, sino que también lo expone a mayores riesgos de exclusión social, deterioro de su bienestar y desvinculación de las redes que son clave para su protección.”
Ante esta realidad, la Defensoría reiteró la necesidad de reforzar estrategias de prevención, convivencia y mediación escolar, monitorear estrictamente el cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar, fortalecer el apoyo psicosocial en colegios donde las expulsiones son frecuentes y promover la participación activa de las familias y comunidades educativas en la resolución de conflictos.
Finalmente, el Defensor de la Niñez subrayó que “los datos muestran que estas medidas se concentran en determinados establecimientos y afectan principalmente a adolescentes, lo que nos obliga a reforzar la prevención, mediación y acompañamiento psicosocial para evitar la exclusión educativa.”
Con Información de portalmetropolitano.cl
