“No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”, dice Séneca, el filósofo, político y escritor romano.
Así está la cosa con el proyecto de ley que un grupo de senadores está proponiendo, que busca perseguir penalmente tanto a quienes filtren información como a los que la publiquen.
Esta iniciativa ya ha recibido el apodo de “Ley Mordaza 2.0”.
A semanas de su tramitación legislativa, que ha incluido a representantes de la prensa, el proyecto genera desconfianza y críticas, ya que se apoya en un enfoque punitivo hacia el “mensajero”, es decir, el periodismo, cuando la real responsabilidad debería recaer en quienes manejan la información en los procesos judiciales.
La Federación de Medios, que incluye la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Radio Difusores de Chile (ARCHI) y la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), han expresado su preocupación por esta iniciativa legal, argumentando que pone en peligro la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados.
El Colegio de Periodistas también ha calificado la propuesta como antidemocrática.
Aún confiando en la buena fe de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), resulta curioso escuchar los argumentos que respaldan “el proyecto Boletín 17.484-07”.
Se plantea que, por un lado, está el derecho a la intimidad y la privacidad de los involucrados, y por el otro, la libertad de información, la transparencia y la publicidad del proceso penal.
Si bien es comprensible la preocupación, este argumento pone en riesgo algo más valioso: los principios democráticos, que descansan en un ejercicio libre e independiente de la prensa.
Esto, en consecuencia, lleva a una visión errónea de la situación de fondo.
La historia de nuestro país está llena de casos de corrupción y abuso de poder que se han descubierto gracias al periodismo, cumpliendo así con su rol ético al servicio de la verdad.
El fallecido periodista norteamericano Ken Dermota, del Centro de Periodistas de Washington, decía que la clave para evitar la opacidad informativa es exponer a la luz las situaciones ocultas, que bajo pretextos infundados pueden convertirse en un cáncer social.
Hoy, frente a los peligros del narcotráfico que ya infiltran importantes instituciones chilenas, es fundamental mantener una postura firme, como lo mostró en su vida el director del diario El Espectador de Colombia, Guillermo Cano, que fue asesinado por sicarios de Pablo Escobar.
Por lo tanto, los avances que nuestro país ha logrado en términos de transparencia, como la reforma procesal penal de 2000, deben ser protegidos, especialmente en asuntos de interés público.
El ejercicio libre del periodismo es la mejor defensa que pueden tener las instituciones para asegurar una sociedad sana y sin opacidad.
Olvidar el rumbo hacia la transparencia, como parte del fortalecimiento de la democracia, es un camino peligroso e insano.
Confiando en la buena fe de nuestros legisladores, esperamos que el viento les sople favorable y que lleguen a buen puerto por el bien de Chile.
José Miguel Infante Sazo.
Director de carrera de Periodismo.
Con Información de portalmetropolitano.cl
