Por Paula Villalobos, abogada y ex jueza de Familia.
Imagina esto: entras a un tribunal con un problema serio—una estafa, una agresión, una disputa familiar, una demanda laboral—y antes de que se diga palabra, sientes que el resultado ya está determinado. No por los hechos o la ley, sino por la identidad de la otra persona: su apellido, su cargo, sus contactos, su capacidad de pagar un buen abogado, o si trae un expediente bien presentado, mientras tú solo tienes tu historia y unos pocos documentos.
Chile enfrenta actualmente una crisis de confianza en el sistema judicial, especialmente en el Poder Judicial. Cuando la justicia genera dudas, la convivencia social se resiente: la gente deja de denunciar, se resigna, se aleja del Estado y busca “solucionar” las cosas por su cuenta.
La crisis tiene nombres y hechos
En meses recientes, hemos visto la remoción de varios ministros de Cortes, grave acusaciones e investigaciones penales. El caso de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos, refleja una realidad inquietante: mucha gente la ve como un indicio de que algo grave está sucediendo. Cuando además se producen destituciones a través de acusaciones constitucionales, el mensaje para la ciudadanía es claro: “algo serio está ocurriendo”.
La justicia se basa en la imparcialidad, y cuando se cuestiona esta idea, todo lo demás se tambalea.
La percepción ciudadana tiene fundamento.
Un dato preocupante es que, según un estudio reciente, el 78% de las personas cree que las sentencias están influenciadas por el poder y el dinero. Además, un 57% identifica la corrupción como el mayor problema del Poder Judicial (Informe Claves Ipsos, enero 2026). En términos simples, para muchos, la justicia no parece ser equitativa, sino que favorece a algunos desde el inicio.
Otro dato relevante: según la Encuesta CEP (2025), la confianza en los tribunales se sitúa en apenas el 16%. En otras palabras, de cada 10 personas, solo 1 o 2 confían.
La pregunta que surge es: ¿cómo puede sostenerse un sistema en el que casi nadie confía?
La segunda herida: entramos al sistema “a ciegas”
Un aspecto preocupante es que, a 20 años de la Reforma Procesal Penal, el 68% de las personas dice conocer “poco o nada” sobre sus derechos en el sistema de justicia penal, lo que implica que la mayoría ignora qué puede exigir, qué no debe aceptar, qué significa un plazo, qué hacer si no entiende una resolución, o a quién acudir.
Entrar al sistema sin conocer sus derechos significa ir en desventaja, incluso si se tiene razón.
El diagnóstico se agrava con otro dato: la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022 revela que el 64,8% de la población cree que en Chile no hay garantías para un proceso judicial justo y sin discriminación. Esto sugiere que no solo hablamos de corrupción, sino de la percepción de que el trato puede cambiar según el apellido, la comunidad, el acento, la apariencia o el estado económico.
Esto establece una percepción social fuerte. Y esta percepción afecta comportamientos: si las personas creen que no recibirán un trato justo, simplemente no entran; o lo hacen con miedo, frustración o se ven forzadas a aceptar un acuerdo que consideran injusto. Así se desdibuja el concepto mismo de justicia.
Chile ha expresado lo que necesita: orientación y difusión de derechos
En un proceso de participación para el Plan Nacional de Acceso a la Justicia, las prioridades de la ciudadanía fueron claras: orientación legal (61,1%) y difusión de derechos (36,7%).
Esto indica algo concreto: la gente no busca más discursos, sino que necesita que alguien explique de manera sencilla qué hacer, a dónde ir, qué documentos llevar, qué derechos poseen, qué recursos están disponibles, cuánto tiempo toma y qué es razonable exigir.
Porque la justicia, cuando es incomprensible, se siente amenazante. Y cuando se comprende, se convierte en protección.
Aun cuando el sistema judicial dé lo mejor de sí, puede ser percibido como inaccesible.
Medidas para recuperar la confianza: integridad, claridad y acceso
Como ex jueza de familia, lo digo claramente: la confianza no regresa con comunicados o buenas intenciones. Regresa cuando el sistema se expone a la crítica y acepta controles reales; cuando explica sus decisiones en un lenguaje que todos comprendan, sin recurrir a tecnicismos; y cuando ofrece orientación jurídica a tiempo, porque nadie debería llegar a un tribunal en la oscuridad y con temor. Sin esto, no pidamos fe: es injusto pedir que los ciudadanos confíen en un sistema que a menudo los hace sentir pequeños, confundidos y en desventaja. Y una justicia experimentada de esta manera no protege; intimida.
Una reflexión final (incómoda, pero necesaria)
Si permitimos que la desconfianza prevalezca, todos perdemos: los honestos, las víctimas, los niños, las familias, los trabajadores, las personas mayores. La justicia se basa en una idea simple: que todos valen lo mismo ante la ley. Si esa idea se desvanece, el país se fractura. Pero si la cuidamos con cambios concretos, Chile se fortalece.
¿En qué momento dejó de confiar o qué experiencia le hizo confiar en la justicia chilena?
Paula Villalobos Molina
Abogada especializada en Infancia y Familia y ex Jueza de Familia de Linares; litigante, consultora y docente. Comparte análisis y herramientas prácticas sobre justicia y protección de derechos en Instagram.
Con Información de www.diarioelcentro.cl
