El viernes 10 de octubre se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) 2025, presidida por el gobernador regional Alejandro Santana. Durante esta sesión, se abordó la solicitud del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Ngulam Ñuke Lafken, presentada en marzo de 2017 por siete comunidades indígenas de Puerto Montt y Calbuco.
La solicitud abarcaba más de 56 mil hectáreas desde Huelmo hasta Chaicas, incluyendo las islas Maillen y Huapi Huar, y buscaba el reconocimiento de derechos de uso y administración del borde costero. Sin embargo, su extensión y las más de 800 superposiciones con viviendas, infraestructuras, concesiones acuícolas y áreas de pesca artesanal generaron gran preocupación entre los sectores productivos y las autoridades locales.
El informe técnico de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader) del Gobierno Regional, que actuó como secretaría técnica de la CRUBC, indicó que se trataba del caso con mayor número de superposiciones en el país, con 221 concesiones acuícolas, 8 caletas de pesca artesanal, 452 viviendas en terrenos de playa, 19 rampas y atracaderos, así como zonas portuarias, urbanas y turísticas.
Luego de la exposición del informe, se rechazó la solicitud por 41 votos en contra y 5 abstenciones, provenientes de representantes de comunidades indígenas, la Seremi de Medio Ambiente, Conadi y la Municipalidad de San Juan de la Costa.
Declaraciones de autoridades
El gobernador Alejandro Santana destacó la decisión como un signo de madurez regional y un llamado a revisar la normativa vigente, señalando que “la ley necesita ser modificada. Más de 1,9 millones de hectáreas solicitadas en el país afectan no solo al desarrollo productivo privado, sino también a la inversión pública. Esta votación mayoritaria muestra la necesidad de avanzar hacia certezas jurídicas y un desarrollo sustentable que beneficie a toda la sociedad, incluidos los pueblos originarios.”
La delegada presidencial regional, Paulina Muñoz, enfatizó el trabajo técnico de los organismos involucrados y la importancia de una gestión integral del borde costero: “Esta votación muestra nuestro compromiso por resguardar el borde costero de manera sustentable. Refleja un análisis técnico sólido, considerando la magnitud de la solicitud y las múltiples superposiciones, lo que demuestra la responsabilidad de la comisión”.
Por su parte, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, subrayó el impacto que habría tenido la propuesta en el desarrollo económico local: “Hoy era un día clave para el desarrollo de nuestra ciudad. Esta ECMPO ponía en riesgo el sustento de pescadores, recolectores de orilla y la industria salmonera. Más de 56 mil hectáreas son inviables para ser gestionadas por comunidades. Este resultado también evidencia la urgencia de revisar la Ley Lafkenche y sus reglamentos.”
El consejero regional Félix Vargas destacó la solidez del rechazo y la cooperación entre las instituciones: “El rechazo fue bien fundamentado y justificado según el informe técnico. En Puerto Montt no hubo diálogo ni comunicación en el estudio y la presentación, lo que hizo evidente el rechazo. Las instituciones públicas respaldaron el estudio técnico, lo que muestra que esta decisión fue objetiva y basada en la realidad.”
El alcalde de Calbuco, Marco Silva, comentó sobre la falta de proporcionalidad en la solicitud y la ausencia de los solicitantes en la sesión: “La ley debía asegurar espacios proporcionales al uso por parte de los pueblos, no abarcar todo el Seno del Reloncaví. Resulta sorprendente que las comunidades no participaran para fundamentar su solicitud. Este rechazo casi unánime demuestra que se puede discutir sin miedo y con una visión amplia, ya que el desarrollo del Seno del Reloncaví requiere un equilibrio entre sus ejes comerciales y turísticos.”
Contexto
La solicitud del ECMPO Ngulam Ñuke Lafken estuvo en trámite durante más de seis años, convirtiéndose en una de las más extensas y complejas de la región. Su rechazo reabre el debate sobre cómo compatibilizar los derechos de los pueblos originarios con las actividades productivas en el borde costero, así como la necesidad de actualizar la Ley Lafkenche para ofrecer mayor claridad jurídica y una participación equilibrada de los distintos actores territoriales.
Con Información de osornoenlared.cl
