La reciente aprobación de la Ley Corta de Isapres, concebida para asegurar la devolución de los cobros excesivos realizados por las aseguradoras de salud, ha generado considerable controversia debido a los montos y plazos de devolución, que muchos consideran cuestionables. De acuerdo con la información, algunos afiliados recibirán pagos mensuales por cantidades inferiores a mil pesos, distribuidos en plazos que pueden llegar hasta 156 cuotas, lo que ha suscitado críticas tanto entre los usuarios como entre los parlamentarios.
El conflicto se originó con la promulgación de esta ley en mayo de 2023, concebida para corregir los abusos derivados de la aplicación de la tabla de factores. La Superintendencia de Salud estimó que más de 700 mil afiliados deberían recibir devoluciones, con montos que varían entre 380 pesos y 69 millones de pesos. Sin embargo, la manera en que se implementará el mecanismo de pago ha generado descontento generalizado.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, defendió la iniciativa, afirmando que sin la ley la situación sería aún más complicada. No obstante, las críticas han recaído rápidamente sobre el Gobierno, especialmente tras los comentarios de la ministra vocera Camila Vallejo, quien enfatizó que el diseño actual de la ley resultó de decisiones parlamentarias y no del Ejecutivo.
Dentro del Congreso, figuras como la senadora Paulina Vodanovic han sugerido una norma interpretativa para limitar las acciones de las aseguradoras, mientras que otros legisladores, como Juan Luis Castro y Javier Macaya, han reprochado al Gobierno por crear expectativas infladas y por una implementación deficiente.
A pesar de la presión sobre el Ejecutivo, las críticas también se han dirigido hacia las isapres. Legisladores como Jaime Naranjo han calificado a las aseguradoras como «sinvergüenzas», mientras que otros, como Guillermo Ramírez, demandan que el Gobierno asuma la responsabilidad por las decisiones tomadas.
El debate actual gira en torno a cómo abordar las fallas de la Ley Corta. Algunas propuestas contemplan reformas al sistema de salud o ajustes legislativos que respeten el espíritu de la normativa. Sin embargo, permanece la pregunta sobre cómo se aprobaron planes de pago que han sido tan criticados por la ciudadanía y los parlamentarios.
Con Información de hoysantiago.cl