La Corte de Apelaciones ha rechazado un recurso de casación presentado por la Clínica Las Condes (CLC), que buscaba anular un fallo de primera instancia que desestimó su demanda contra el Estado de Chile.
De acuerdo con la información publicada por La Tercera, la clínica solicitaba una compensación por los supuestos daños ocasionados por las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia de Covid-19.
El tribunal capitalino ratificó la decisión del 1° Juzgado Civil de Santiago del 31 de octubre de 2023, que había rechazado una demanda por $37 mil millones que CLC interpuso contra el Fisco.
El recurso fue declarado inadmisible debido a errores técnicos en su presentación. Además, la corte señaló que los hechos comprobados no constituían una “limitación al derecho de propiedad”, dado que los acuerdos dictados en la licitación pública garantizaban precios de mercado que CLC había aceptado, al igual que otras clínicas privadas a lo largo de la emergencia sanitaria.
Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), defendió la posición del gobierno, enfatizando que “los pagos realizados por el Estado se ajustaron a los precios determinados en la licitación pública y no hubo una limitación especial a la propiedad de la clínica”.
“La sentencia es categórica al demostrar que el monto abonado por el Estado garantizó un precio de mercado de acuerdo con una licitación pública que otorgó valores equivalentes a la CLC en comparación con los acuerdos alcanzados con otras clínicas privadas durante la emergencia sanitaria, y (…) rechaza que haya habido una limitación especial a la propiedad o que existiese alguna figura de requisición, y respalda el accionar de los organismos públicos implicados en la gestión de la emergencia sanitaria y social a causa de la pandemia de Covid-19”, añadió Letelier.
CLC había demandado al Fisco por las pérdidas sufridas entre marzo de 2020 y mayo de 2021, exigiendo el pago de $37.8 mil millones, pero el fallo de primera instancia rechazó de manera contundente sus solicitudes.
La jueza Isabel Zúñiga determinó que la clínica no podía reclamar por pérdidas de utilidades a raíz de la pandemia, ya que su situación no constituyó un “sacrificio”.
Además, Zúñiga resaltó que “las cantidades solicitadas por los precios que ordinariamente recibía la demandante por los servicios requeridos por la autoridad sanitaria, habrían generado para ella ganancias incluso mayores a las que esperaría sin la pandemia, debido al incremento en la demanda de camas críticas”.
CLC había contabilizado como deuda lo que atribuía a Fonasa, lo que originó tensiones internas y conflictos en la aprobación de sus estados financieros.
Durante la pandemia, el gobierno vigente impuso un precio máximo para las prestaciones relacionadas con Covid, lo que significó tarifas considerablemente más bajas que las que CLC cobraba normalmente.
En este contexto, la clínica se opuso a esta normativa, argumentando que los precios fijados en una licitación de 2018, en la que no había participado, no debían aplicarse a su situación. Así, sin convenios activos, esa fijación no la obligaba a aceptar los precios establecidos.
Así, CLC fue la única institución que se negó a aceptar los pagos del Estado por esa vía durante la pandemia.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
