La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha impuesto medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien está siendo acusada por el Ministerio Público de fraude al fisco y lavado de activos, delitos cometidos en 2022 en el contexto de los acuerdos establecidos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte.
En una decisión unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, anuló la sentencia anterior emitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había mantenido a la imputada en prisión preventiva.
“Dado que la privación total de libertad es una medida cautelar excepcional, que solo se justifica cuando otras medidas resultan insuficientes para garantizar los objetivos de la persecución penal, la restricción de libertad impuesta se considera hoy desproporcionada, teniendo en cuenta que ha estado sujeta a esta medida durante más de seis meses, y podría ser reemplazada por una alternativa menos severa,” se indica en el fallo.
Según el ente acusador, Betancourt Acosta, quien actúa como representante legal de la Fundación Cultural TomArte, se conspiró con el coacusado y seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta en el momento de los hechos, Carlos Contreras Gutiérrez, con el propósito de acceder a fondos públicos que permitieran a la fundación llevar a cabo obras menores en, al menos, siete campamentos de la región de Antofagasta.
La asignación de estos recursos se realizó mediante la firma de acuerdos en septiembre de 2022, lo que resultó en la transferencia de un total de $456.000.000 de fondos públicos, que fueron utilizados por TomArte para el pago de honorarios a la imputada, alquiler de propiedades pertenecientes a personas asociadas a la fundación, y transferencias a cuentas bancarias personales.
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